La titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha procesado al PP por la presunta comisión de un delito de «daños informáticos» y otro de «encubrimiento» por el borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede de Génova. Bárcenas señaló a María Dolores de Cospedal, secretaria del PP, como responsable del borrado.

El auto también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.

De esta forma, la juez ha desestimado la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el PP. El Juzgado dará ahora traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de 10 días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral.

Ahora bien, esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación.

La juez ha estimado que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos «por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito» ya que en la actualidad «no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede». El PP asegura que el borrado se realizó según el protocolo de la formación política, pero la magistrada afirma que «no existe un protocolo interno de seguridad».

Añade que Durán es responsable «por haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese», que Moreno también lo es «por haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello», y que «Navarro conocía sobradamente las circunstancias».

Respecto al delito de encubrimiento, la juez dice que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP.

El PP recurrirá su procesamiento

El PP ha anunciado eque recurrirá el auto de su procesamiento. A su entender, la decisión de la juez es «abiertamente infundada y contraria a derecho» y se basa en las «simples palabras» de quien está encausado en varios procedimientos penales y ha «cambiado sus versiones en muchas ocasiones» para «dañar» al PP.