![Arnaldo Otegi, junto al abogado Iñigo Iruin. (ARGAZKI PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/316/200/article_main_landscape/otegi.jpg)
EH Bildu presentará mañana alegaciones contra la inhabilitación de Arnaldo Otegi por parte de la Junta Electoral de Gipuzkoa en primera instancia. Este mismo órgano administrativo debe tomar una decisión final el lunes, tras escuchar a la defensa del aspirante a lehendakari de EH Bildu. Sin embargo, sorprendentemente uno de sus cinco miembros, el catedrático Iñaki Agirreazkuenaga, ha dado una entrevista a ‘‘Berria’’, publicada hoy jueves, en la que asevera con reiteración que tanto la Junta como posteriormente el Constitucional mantendrán la inhabilitación. Así las cosas, a última hora de la tarde EH Bildu ha dado a conocer que ha denunciado esta irregularidad ante la propia Junta, en la que plantea la recusación de Agirreazkuenaga.
«Especialmente relevante resulta –explica EH Bildu– que el entrevistado ejerza como portavoz de la Junta y anticipe el resultado de su decisión en relación a la proclamación o no de Arnaldo Otegi como candidato, cuando estas manifestaciones se llevan a cabo antes de que concluya el plazo para presentar alegaciones».
La polémica entrevista deja otra consecuencia, y es que Agirreazkuenaga no solo ha prejuzgado la decisión final, sino que ha sugerido a la defensa de Otegi que recurra a Europa para pedir una paralización cautelar de la inhabilitación. Hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha señalado –esta tarde en Gasteiz– que esta vía no tiene recorrido alguno, dado que Estrasburgo nunca toma decisiones en un plazo menor a un año y sus sentencias tardan de media entre uno y tres.
Respecto a lo que pueda ocurrir en los órganos que deben decidir sobre esta cuestión en el Estado español, Ibarra también ha sido claro al corregir a Agirreazkuenaga: «Quien diga que sabe lo que va a pasar, creo que simplemente se echa un farol». Múltiples expertos vaticinan un intenso debate judicial al respecto, empezando por el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, que en febrero dijo que ninguna de las dos inhabilitaciones planteadas contra Otegi iba a tener éxito, aunque ahora asuma la opinión marcada desde el Ministerio Público a nivel estatal.
La irrupción de Agirreazkuenaga, catedrático de Derecho Constitucional, se suma a otras cuestiones extrañas que se perciben desde el inicio del recorrido administrativo y judicial del intento de apartar a Otegi. Por ejemplo, que la Junta Electoral de Gipuzkoa haya adelantado la comunicación de la primera decisión o que el PP haya dicho que «sería una infamia» que el TC no vete a Otegi.
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