En su intervención ante el Pleno del Parlamento, el consejero ha añadido que su departamento «apuesta por mantener las evaluaciones diagnósticas previas a esta reforma».

«Todas las actuaciones las ejercitamos con la mayor garantía jurídica posible para luego no tener que incurrir en correcciones a destiempo», ha añadido. De esta forma, ha trasladado que el departamento ha comenzado a trabajar este verano en la definición de un marco normativo que «suponga la mínima alteración posible» al alumnado y la máxima «seguridad jurídica».

«Estamos a la espera del Ministerio de Educación sobre las características, diseño y contenido de las pruebas», ha remarcado el consejero, que ha lamentado: «Mayor improvisación no cabe por parte del Ministerio».

De esta forma, ha señalado que, al término de tercero de educación Primaria, los centros realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos, al igual que al finalizar el sexto curso también de Educación Primaria, donde el departamento dictará las «oportunas instrucciones».

«Queda acreditado que el departamento considera la evaluación como instrumento esencial en la educación», ha dicho, tras indicar que también se desarrollarán pruebas específicas correspondientes a los estudiantes que cursen la modalidad British o PAI.

Respecto a las pruebas en Educación Secundaria, ha trasladado que los centros realizarán una evaluación dirigida a todo el alumnado en el segundo curso de la ESO, y que el departamento seguirá colaborando en las evaluaciones internacionales que se convoquen.

Además, ha señalado que los centros podrán ir «completando la evaluación interna en cursos en los que el departamento no realice evaluaciones de cursos o etapas», para garantizar la «coherencia y cohesión del aprendizaje» a lo largo de la etapa e «identificar a los alumnos en situación de riesgo», para hacer un «seguimiento exhaustivo».

Además, ha explicado que el recurso al Real Decreto de noviembre del año pasado sobre pruebas externas en sexto de Primaria «está presentado desde comienzos de año». «Otra cosa es cuándo se nos responda», ha advertido.

El regionalista Alberto Catalán, quien ha respondido al consejero que «improvisaciones las suyas», ha pedido que «no eche siempre balones fuera». «Asuma sus responsabilidades», ha reivindicado Catalán, que ha añadido que «van a tener que aplicar la LOMCE» y ha señalado que su formación no se encuentra «nada satisfecha» con el servicio que está prestando el Departamento.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha rechazado un modelo que se centre «únicamente» en contenidos, «ignorando otras competencias básicas para la vida en sociedad», y ha apostado por un «modelo educativo que acompañe al alumno en su desarrollo personal».

El parlamentario de Podemos-Ahal Dugu Rubén Velasco ha considerado «insuficiente» la «visión economicista que solo busca la empleabilidad», en la misma línea que la parlamentaria de EH Bildu Esther Korres.

El socialista Carlos Gimeno se ha sumado a la exigencia de la derogación del Real Decreto 310/2016 que consejeros del PSOE van a establecer «próximamente» por ser un «despropósito» y «provocación del gobierno del PP», el cual ha considerado que «para unas cuestiones está en funciones y para otras bien que actúa».

Además, ha afirmado que el Gobierno ha mantenido una actitud «extremadamente sumisa» y «conformista» respecto al Ministerio español de Educación.

El popular Javier García, por su parte, ha destacado que el consejero «continúa responsabilizando al gobierno del PP» de la «nefasta gestión» de su departamento.

La parlamentaria de IE Marisa de Simón ha advertido que si solo se evalúa al alumnado en una sola prueba, «sin tener en cuenta lo que ha ocurrido en toda la etapa escolar, es una auténtica barbaridad». De esta forma, ha instado al consejero a «evitar este despropósito» que solo «va a deteriorar el sistema educativo».