«Alentadora». Así define el investigador jefe del Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), Scott Sinclair, la decisión del Parlamento de Valonia de vetar el tratado de libre comercio entre su país y la UE, conocido como CETA. A través del correo electrónico, explica a GARA su visión canadiense.

¿Cómo se han tomado en Canadá el «no» de Valonia?

Ha habido de todo, pero el Gobierno no tiene más opción que respetar el democrático proceso de toma de decisiones de Bélgica. La decisión de Valonia ha dado pie a una eclosión de solidaridad por parte de sindicatos, entidades de la sociedad civil y políticos progresistas. Pero también ha provocado envenenados discursos desde las filas conservadoras, que acusan falsamente a Valonia de proteccionismo. El núcleo del debate no es ese, sino que versa sobre la transparencia de la democracia. El «no» de Valonia es, en definitiva, una oportunidad: si todos son lo suficientemente inteligentes, se darán cuenta de que solo tendrán éxito si renegocian el acuerdo, abren el debate y corrigen sus graves defectos.

¿Cuáles son?

Solo algunos de ellos: la erosión de los servicios públicos, la amenaza a las políticas contra el cambio climático y otras regulaciones medioambientales, los excesivos derechos garantizados a los inversores extranjeros y el secretismo en el que se ha envuelto toda la negociación.

Por partes. ¿Cuál es la experiencia de Canadá con los tribunales de arbitraje entre los inversores privados y los estados (ISDS, en inglés)?

Muy negativa. A raíz del Nafta, que incluye una primera versión de los ISDS, Canadá es el país más demandado entre los países desarrollados. Justo el año pasado, un jurado del Nafta penalizó a Canadá por una evaluación medioambiental que desestimó la apertura de una cantera en una zona sensible. Las reclamaciones en curso actualmente amenazan, por ejemplo, la prohibición del fracking en Quebec o la decisión de un juzgado federal de rechazar la extensión de una patente a una empresa farmacéutica.

¿Cree que el CETA es compatible con la lucha global contra el cambio climático?

El problema es que los capítulos del CETA sobre el medio ambiente, el trabajo y el desarrollo sostenible son simplemente inaplicables. De hecho, no se puede demandar a nadie si no se cumple con ellos. Por contra, los derechos de los inversores aparecen blindados y reforzados. Esos derechos, incluyendo los tribunales de arbitraje, pueden frustrar las acciones urgentemente necesarias para combatir el cambio climático, porque los gobiernos se pueden ver obligados a compensar a las compañías de combustibles fósiles y a otros actores contaminantes cuando toman decisiones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Y por qué dicen que tratados como el CETA amenazan los servicios públicos?

Volvemos a lo mismo. Si los gobiernos aumentan los servicios públicos en un sentido que afecta negativamente a los inversores extranjeros, estos pueden forzar a que se les pague una compensación. Del mismo modo, si los gobiernos, también a nivel municipal, intentan devolver servicios privatizados a manos públicas, pueden ser igualmente demandados. Por ejemplo, Portugal está sufriendo su primer caso en ISDS porque el nuevo Gobierno revirtió la privatización del sistema de transporte público de Lisboa.

Aquí apenas hemos tenido información sobre el CETA. ¿Cómo ha sido en Canadá?

Los canadienses son muy favorables a mejorar y fortalecer el comercio con Europa, y el Gobierno ha aprovechado exitosamente ese sentimiento para ocultar el hecho de que el CETA va mucho más allá del comercio. Cuando se pregunta a los canadienses sobre los efectos concretos del CETA, como por ejemplo los cambios en las reglas de propiedad intelectual, que incrementarían los precios de los medicamentos, responden negativamente.

¿Cuáles son las razones para dudar de los beneficios del CETA en Canadá?

Hay posiciones contrapuestas sobre su impacto económico, pero, en cualquier caso, hasta los más optimistas no prevén más que un modesto aumento del comercio y del crecimiento económico. Otras visiones más críticas, y para nosotros más realistas, predicen una pérdida de puestos de trabajo tanto en Canadá como en Europa, un impacto negativo en la participación de la renta del trabajo en la economía y, como resultado, un crecimiento de la desigualdad.

¿A qué conclusiones llegan tras dos décadas de Nafta?

En 2015 hicimos un estudio en el que encontramos que los beneficios de la mayor integración económica de Norteamérica se los llevaron de forma abrumadora las empresas más grandes. Por contra, la participación de los trabajadores en el total de ingresos se estancó. Las características que definen la economía canadiense durante la era del Nafta son un crecimiento más lento de la economía, un aumento de la concentración empresarial y una mayor desigualdad en el reparto de la riqueza.