La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en el marco de una operación que ha denominado como «Ausiki» y que está relacionada con la trifulca que tuvo lugar en Altsasu a mediados del mes pasado, en la que se vieron implicados dos guardias civiles y sus parejas, según han confirmado a NAIZ fuentes judiciales. 

Tres de los arrestos se han producido en Altsasu, y los otros cinco en Iruñea, Agurain, Gasteiz, Ordizia y Madrid, donde estudiaba uno de los jóvenes. Están en situación comunicada.

Además, la Guardia Civil se ha presentado en el domicilio de otra persona con la intención de proceder a su arresto, pero no se encontraba en la vivienda.

La Guardia Civil los ha trasladado a Madrid, donde se espera comparezcan ante el juez a partir de las 19.30.

Todos los arrestados figuran en el auto que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hizo público el jueves pasado en el que señalaba a un total de doce jóvenes como presuntos participantes en la trifulca y, además, los identificaba como miembros de Ospa Mugimendua. Dos de ellos son menores de edad.

«Delito de terrorismo»

Lamela asumió la causa después de que la jueza de Iruñea Mari Paz Benito, que se había hecho cargo de las investigaciones hasta la fecha, se inhibiera y dejara la causa en manos de la Audiencia Nacional. Esto se produjo apenas unas horas después de que la Guardia Civil enviase un informe en el que apuntaría, al igual que hicieron la Fiscalía y Covite, a un «delito de terrorismo».

La Guardia Civil, en su primer informe, hablaba de un «delito de odio», en ningún caso de «terrorismo». Sin embargo, la jueza Carmen Lamela se declaró competente para investigar los hechos, asumiendo la tesis de Covite y considerando los hechos como «terrorismo» en base al artículo 573 del nuevo Código Penal, una definición que la ONU entiende que «es excesivamente amplia e imprecisa» y que «podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo».

Acudieron a declarar voluntariamente

Cabe recordar que varios jóvenes ya acudieron a declarar al Juzgado de Iruñea de forma voluntaria, pero que no se les tomó declaración porque la juez Benito no se encontraba en el lugar.