El tándem Iñigo Urkullu-Andoni Ortuzar vuelve con todas las de la ley al ciclo anterior a 1998, año en el que los acuerdos entre abertzales hicieron que el PSE abandonara el último gobierno de José Antonio Ardanza apenas unas semanas antes de que acabara en la práctica la legislatura, se firmara el Acuerdo de Lizarra-Garazi y Juan José Ibarretxe inaugurara un nuevo modelo de coaliciones gubernamentales. PNV y PSE regresan a los pactos de coalición del siglo pasado, con el inconveniente de que en esta ocasión no suman la mayoría suficiente para legislar.

A través de sus páginas web y de las redes sociales Facebook y Twitter, PNV y PSE hicieron público al mediodía de ayer un escueto comunicado en el anunciaban que «los máximos dirigentes» de los dos partidos habían «alcanzado este fin de semana un preacuerdo programático y de estructura de gobierno que ambas formaciones someterán mañana [hoy] lunes a sus respectivos órganos soberanos, la Asamblea Nacional jeltzale y el Comité Nacional socialista».

El texto añadía que «la aprobación de este preacuerdo en los citados órganos implicará el voto favorable de los nueve parlamentarios del PSE-EE a la candidatura de Iñigo Urkullu y, si la investidura de este prospera, la formación de un gobierno de coalición».

Condicional de futuro

Ese «si la investidura prospera» está de sobra en el presente, puesto que nadie cree que en el pleno de investidura del miércoles y jueves de esta semana vaya a haber un acuerdo entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP que impida la elección de Iñigo Urkullu y lleve a Ajuria Enea a Maddalen Iriarte, que es la única alternativa registrada. Sin embargo, es un condicional que señala claramente el signo de la legislatura.

PNV y PSE suman 37 escaños. La oposición, 38. Eso obliga a que el Gobierno de Urkullu tendrá que negociar cada una de las leyes que quiera aprobar en el Parlamento, empezando por los propios presupuestos que marcan toda la acción del Ejecutivo durante un año.

Es preciso tener en cuenta que desde la última reforma del reglamento del Parlamento, quedó fijado que las enmiendas a la totalidad del presupuesto o de una ley que presenten los distintos grupos se votan conjuntamente como la devolución o no del proyecto de ley o de presupuestos al Gobierno. Es decir, si EH Bildu, Podemos y PP enmiendan a la totalidad una ley o los presupuestos por motivos distintos o incluso antagónicos, lo que se vota finalmente es si ese trámite sigue adelante o no. Es decir, no hace falta que los tres grupos que quedan en la oposición coincidan en sus opiniones para que acaben coincidiendo en su voto. En la pasada legislatura el Gobierno de Urkullu ya tuvo que retirar media docena de proyectos de ley porque supo que no iban a prosperar.

Desde 2012 Iñigo Urkullu ha gobernado con los 27 escaños del PNV, pero con un acuerdo en materia económica con el PSE que, con sus 16 parlamentarios, le garantizaba una mayoría absoluta para aprobar los presupuestos y determinadas leyes, un seguro del que ahora carecen, porque aunque los jeltzales ganaron un escaño, alcanzando los 28, el PSE se hundió a los 9.

Más consejerías

Del contenido programático del acuerdo no ha trascendido nada oficialmente. No se sabe cómo han superado ambos partidos sus evidentes diferencias en materias como el derecho a decidir, la bilateralidad con el Estado o conceptos básicos de paz y convivencia. Lo que sí que se ha filtrado es que Iñigo Urkullu incrementará el número de departamentos de su actual Gobierno para dar cabida al PSE. Desde fuentes jeltzales se explica que la actual estructura era la más reducida de los gobiernos autonómicos y que ya no se dan las circunstancias de emergencia económica de 2012.

Los partidos no han hecho público el reparto de consejerías. El lunes pasado, en ámbitos empresariales se daba por hecho que el PSE obtendría la cartera de obras públicas con el TAV y la de Empleo. Varios medios añadieron ayer una nueva consejería de Turismo.

EH Bildu habla de un gobierno de mera gestión y parálisis

EH Bildu reaccionó ayer a través de Twitter al anuncio del preacuerdo afirmando que «el gobierno PNV-PSE no es bueno para este país» porque «supone que no se produzcan avances en el ámbito nacional, socioeconómico y de paz y convivencia». En su opinión, «es un acuerdo de mera gestión, de parálisis, que no responde a los retos que tiene este país». La coalición de izquierda soberanista sostuvo que «podríamos estar entre los países más avanzados de Europa», pero que «para ello se necesita audacia y superar las dinámicas de pactos de los últimos años».

Podemos, por su parte, declaró que «se trata de un acuerdo predecible con una suma insuficiente». Su secretaria general, Nagua Alba, explicó que es «predecible porque supone trasladar a nivel de Euskadi lo que ya se da en diputaciones y ayuntamientos, esto es, un acuerdo en el que una fuerza nominalmente progresista se diluye en las políticas continuistas del PNV a cambio de subsistir».I.I.