Jon Kepa Parot deberá pasar otro trámite antes de conocer el veredicto de los jueces sobre su quinta petición de libertad condicional, toda vez que estos han retrasado su decisión por una exigencia que entró en vigor el 30 de octubre pasado después del endurecimiento de las leyes antiterroristas en junio.

Así, la composición de la comisión interdisciplinaria que analiza la demanda se ha visto completada por la participación en la misma de un policía o gendarme especializado en asuntos de «terrorismo» así como el de un representante de una asociación de víctimas.

Julien Brel, abogado del preso que lleva más de 26 años encarcelado desconoce la fecha en la que dicha comisión estudiará la demanda y emitirá su opinión que, aún sin ser vinculante, es indispensable para respetar el procedimiento.

El Tribunal de Aplicación de Penas se desplazó el pasado noviembre hasta Toulouse para examinar la demanda. En la vista, según explicó la abogada Maritxu Paulus-Basurko, la Fiscalía se posionó contra la puesta en libertad, alegando «la situación de inseguridad creada por el terrorismo» y  «la necesidad de garantizar el orden público».

En aquel momento ya denunció que se le había aplicado una nueva condición que no estaba en vigor cuando registró su solicitud. «Ahora exigen que una comisión de expertos se exprese sobre la conveniencia de concedérsela y aunque cuente con el aval de la Comisión de disciplina de la cárcel y de la de Evaluación, no es suficiente», indicó la letrada con pesimismo.

En la anterior petición, en el año 2013, el Tribunal de Aplicación de Penas dio por vez primera luz verde a su puesta en libertad, tras las tres negativas anteriores. Sin embargo, la Fiscalía recurrió y el Tribunal de Apelación dictaminó que siguiera en prisión, a pesar de que, según su defensa, desde 2005, cuando completó 15 años en la cárcel, cumple con los requisitos para acceder a la libertad condicional.