En la comisión municipal celebrada el psado vierens, Abaunza explicó que la orden de cese se llevará a efecto después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya dado la «razón» al consistorio en su intención de clausurar la planta.

Abaunza afirmaba que «la hormigonera se cierra» y que, «a la vuelta de Navidades», la empresa recibirá una comunicación «irrevocable» para que cese la actividad de la planta del Pagasarri.

El responsable de Planificación Urbana ha hecho un repaso de la relación municipal con esta empresa desde que en 1997 ambas partes firmaron un convenio para 20 años y ha señalado que en 2008 se concedió a Hormigones Vascos licencia de actividad hasta 2017 para que se encargase de suministrar el hormigón para construir la autopista Supersur, por encomienda de la Diputación.

Aunque la Supersur, abierta en 2011, no está terminada -falta la conexión de Miribilla para su empalme con la A-68, según ha precisado Abaunza-, la Diputación comunicó en 2015 al Ayuntamiento que no se iba a ejecutar el tramo pendiente antes de finalizar en 2017 el convenio con Hormigones Vascos.

Por ello, al entender que si no se suministraba el hormigón para dicha autopista se «incumplía» la condición básica de la licencia de actividad otorgada a la empresa, el Ayuntamiento emitió en mayo de 2015 una orden de cese para la planta de Hormigones Vascos.

La empresa presentó después un recurso contencioso administrativo contra la orden municipal y el tribunal dictó una sentencia el pasado mes de octubre en la que daba la razón al Ayuntamiento para hacer efectivo el cese.

Abaunza ha dicho que el pasado mes de noviembre el consistorio emitió una nueva orden de cese de actividad y ha señalado que se va a enviar un oficio a la empresa «para garantizar el cese y la clausura de actividad en las próximas fechas».

Gestión «impresentable»

La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, cuyo grupo pidió la comparecencia de Abaunza, ha calificado de «impresentable» la gestión que ha hecho de este caso el Ayuntamiento al entender que la empresa ha recibido un «trato de favor de forma descarada», dado que la Supersur se terminó en 2010 y Hormigones Vascos «ha seguido haciendo negocio», a su juicio «ilegalmente», durante varios años.

Abaunza le ha pedido a Ibaibarriaga que «deje de ensuciar el buen nombre del Ayuntamiento» porque el convenio que se firmó con la empresa «no es ilegal» y ningún tribunal lo ha declarado así.

La portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, ha considerado también que lo sucedido es una «ilegalidad» y que el Ayuntamiento «miró para otro lado durante 5 años y solo ha admitido la ilegalidad cuando ha sido presionado por la Fiscalía».

La Fiscalía, que en enero de 2015 se interesó por este asunto, revisó el caso y decidió archivarlo, luego «no hay nada ilegal», ha insistido Abaunza.