![Concentración realizada ante la sede de Lakua en Bilbo.](/media/asset_publics/resources/000/364/609/article_main_landscape/berriotxoa.jpg)
Según han explicado los demandantes, la «Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social» dicta que las prestaciones gestionadas por Lanbide se encuentran vinculadas al SMI, por lo que cualquier aumento en el mismo debe trasladarse automáticamente a esas ayudas.
En este sentido, al haber estrado en vigor el pasado 1 de enero el incremento del 8 % del SMI para este año, «debería haberse aplicado de forma automática esa subida», y en febrero, aún a «muchas personas» no se les ha subido ese porcentaje, ha denunciado Iñaki Carro, abogado de Argilan-ESK, uno de los colectivos partícipes en la solicitud junto a SOS Racismo Bizkaia o La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el herrialde.
En caso de que el Servicio Vasco de Empleo no se pronunciase con respecto a las demandas registradas o lo hiciese en contra, Carro ha anunciado que iniciarán los oportunos procedimientos judiciales, en los que están «plenamente convencidos» de que los jueces les darán la razón, pues «otra interpretación no cabe de lo que dice el artículo 20» de la citada ley.
Asimismo, el letrado ha subrayado que «el establecimiento de la cuantía de la RGI corresponde al Parlamento Vasco y no al Gobierno Vasco ni al del Estado, tal y como se escucha últimamente sin ningún fundamento ni jurídico ni político».
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