El Tribunal de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo ya ha iniciado la tramitación de al menos cuatro recursos planteados por diferentes presos contra la negativa a descontarles condenas cumplidas en el Estado francés. NAIZ ha confirmado que en los casos de Alberto Plazaola, Santi Arrozpide y Francisco Mujika Garmendia se ha procedido ya a pedir opinión al Estado y a otras diligencias previas, y diferentes medios vascos han publicado hoy que el de Kepa Pikabea (preso de la «vía Nanclares») se ha confirmado el acceso a trámite. Con ello, empieza a estudiar un asunto que la Comisión Europea ya tiene hace tiempo en su agenda, puesto que ha emitido varios avisos al Estado español por su incumplimiento de la decisión marco de 2008. En cualquier caso, ni Bruselas ha pasado a la fase de sanciones ni se puede prever cuándo dictaminará Estrasburgo sobre el tema.

Pikabea apeló a Estrasburgo al igual que Rafael Caride e Idoia López Riaño, igualmente acogidos a la «vía Nanclares». Y otro tanto hicieron por su parte, según explicó la pasada semana en rueda de prensa la abogada Haizea Ziluaga, Alberto Plazaola, Santi Arrozpide y Francisco Mujika Garmendia. Les seguirán otra veintena de recursos al menos por el mismo motivo. En cualquier caso, como ocurrió con la «doctrina Parot» mediante la apelación de Inés del Río, debería bastar con una resolución favorable para que esta práctica se corrija definitivamente. El problema es cuándo ocurrirá eso. Así las cosas, Etxerat incide en la necesidad de soluciones urgentes.

También está sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la lacra de la dispersión, a través del recurso de Josetxo Arizkuren al que seguirán otros 250 solo en el Estado español. Todavía no se ha dictaminada si accede o no a trámite, aunque es sabida la existencia de varias sentencias europeas (Ucrania, Rusia, Reino Unido....) en contra del alejamiento de presos.