El texto señala en ese sentido que ese acto está recogido en la Ley Foral 16/2015, expresamente permitido por el Tribunal Constitucional español y avalado por la Audiencia Nacional española.

Además con la abstención del PPN, la Junta de Portavoces ha expresado su rechazo «más rotundo a los insultos dirigidos a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, por un grupo de militares», y le muestra su «más sincera solidaridad». Con la abstención de UPN y PPN ha mostrado «preocupación por actitudes antidemocráticas» como la mostrada por esos militares.
Finalmente por unanimidad ha rechazado cualquier insulto que reciba cualquier cargo público por sus posiciones políticas.

La polémica en torno a ese acto ha llegado al Parlamento, donde los representantes de UPN y PPN, que no acudieron al mismo, han reiterado sus críticas.

Ese acto demuestra que la presidenta es «cada día más radical», según Javier Esparza, UPN, quien ha insistido en que hubo familiares de miembros de ETA y familiares de otros miembros firmaron el comunicado que se leyó públicamente.

Esparza ha negado, en alusión a las palabras de Barkos que haya «ignorancia» entre quienes como ellos no acudieron, ya que conocen «de sobra» a Geroa Bai y EH Bildu, a lo que ha añadido que a estos últimos se debería exigir la condena de los atentados de ETA.

Respecto a los insultos, después de expresar su rechazo, ha comentado que han intentado, sin éxito, introducir un punto de rechazo de los insultos vertidos contra quienes no acudieron.

Por el PPN, Ana Beltrán ha declarado que fue un acto a «imagen y semejanza de Bildu», al tiempo que ha insistido en la necesidad de defender a las víctimas de ETA con las que tienen «una deuda». Ha criticado que no sonara el himno de Nafarroa, cuestión por la que preguntará a Barkos, a la que también va a preguntar cuándo va a exigir a Bildu que condene los atentados de ETA.

Beltrán ha justificado su abstención en la condena de los insultos argumentando que rechazan los insultos, pero nadie le ha podido confirmar de forma fehaciente su existencia y autoría.

Sí acudió una representación del PSN, cuya portavoz, María Chivite, ha pedido a la presidenta que explique quién elaboró la lista de invitados, a lo que ha añadido que, si de alguna manera se pretendía reconocer a etarras, los socialistas lo rechazan porque el acto tenía que atenerse a lo que dice la Ley y además no reconocer a ninguna persona en concreto porque no existe un listado oficial. Ha agregado que Barkos habrá de explicar también si equipara a unas víctimas con otras.

El respaldo ha llegado por parte de las formaciones que sustentan al Ejecutivo y así, Koldo Martínez, Geroa Bai, ha reiterado que se adecuó a la ley y ha subrayado que en él no se homenajeó a nadie en concreto, fue un acto «genérico», en el que no se dieron nombres.

En cuanto a los insultos a Barkos ha asegurado que son reales y que han sido puesto en conocimiento «de quien tiene que ser», al tiempo que ha mostrado una «seria preocupación» porque el hecho de que unos militares realicen ese tipo de insultos.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha felicitado al Gobierno por la organización de un acto que se tenía que haber celebrado «hace mucho tiempo», tras lo que ha señalado que es preciso que se abra una investigación de unos hechos que no pueden quedar en el olvido.

Sobre la polémica creada en torno a las personas reconocidas, ha opinado que el problema es que hay formaciones políticas que no están de acuerdo con lo que se dijo y es que «los derechos humanos son para todas las personas», para «todas las víctimas».

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, quien no acudió por encontrarse en Madrid, ha comentado que «no solo es legítimo», sino que «sirve para curar las heridas». Ha incidido en que «más allá de la polémica que se está suscitando» es «un ejemplo de democracia».

En relación con los insultos a la presidenta ha considerado preciso que el ministerio Fiscal actúe de oficio en estas situaciones, que investigue y sea contundente en estos ataques.

En la misma línea, José Miguel Nuin, I-E, se ha mostrado satisfecho porque se cumpliera la ley y se celebrara un acto «genérico y simbólico hacia unas víctimas que son reales». Sobre los insultos, ha opinado que es «un peligro y una amenaza a la democracia» que unos militares llamen «puta a la presidenta del Gobierno» y ha pedido que actúe la justicia.