![José Ignacio Asensio, firmando la adjudicación que ha sido paralizada tras el recurso de FCC. (GIPUZKOAKO ALDUNDIA)](/media/asset_publics/resources/000/362/323/article_main_landscape/asensio-incineradora.jpg)
La oferta de FCC quedó en segunda posición en el concurso público, que ganó la UTE liderada por Urbaser. Asensio ha precisado que el «mero hecho» de la interposición de este recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación paraliza la firma del contrato y, por tanto, el inicio de las obras.
Ha explicado que el plazo máximo para que este tribunal foral se pronuncie es de dos meses, aunque ha confiado en que el asunto esté ya resuelto aproximadamente en un mes. En caso de que el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación desestime el recurso de FCC se firmará «automáticamente» el contrato y se dará inicio a los trabajos.
Asensio ha indicado que este tribunal, dependiente de Régimen Jurídico de la Diputación, es el primero al que se pueden recurrir las contrataciones que son competencia de la institución foral, que dispone también de unos días para presentar sus argumentos.
Ha aclarado que FCC podría recurrir después a la justicia ordinaria pero ha asegurado que este procedimiento ya no implicaría la paralización de la firma del contrato. «El único procedimiento que paraliza la firma del contrato es el recurso a la propia institución», ha subrayado.
Asensio ha expresado su seguridad de que la adjudicación realizada por la Diputación es «correcta» y que el proceso se ha realizado con todas «las garantías jurídicas».
«Práctica habitual de la parte perdedora»
El portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, ha restado importancia a la interposición de este recurso al asegurar que «últimamente» es una «práctica habitual en casi todos los concursos» de la administración que la parte «perdedora» recurra.
José Ignacio Asensio se ha referido asimismo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de desestimar la pretensión de la plataforma GuraSOS de que la adjudicación de la incineradora fuera suspendida cautelarmente por la caducidad de la declaración de impacto ambiental y la autorización del Gobierno de Lakua. «En este momento todas las medidas cautelares solicitadas en los tribunales han sido rechazadas y el terreno está totalmente despejado para que la adjudicación y contratación siga adelante, ha concluido.
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