Representantes de las organizaciones que sustentan la acusación popular han exigido responsabilidades a quienes conocían la existencia de los pagos a Mikel Cabieces en su condición de representantes políticos en el patronato y órganos de dirección de BBK». Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE Bizkaia e Hiru y las asociaciones Pentsionistak Martxan y de consumidores EKA han manifestado que el juicio contra el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alkorta ha constatado que «esta acusación popular tenía razones más que suficientes para denunciar el fraude organizado por los acusados contra los intereses y la buena fe de cuantas personas habían depositado sus ahorros en las cajas vascas Kutxabank».

Según han remarcado, «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental no han podido ser desmentidos por los testimonios de los acusados».

Sindicatos y organizaciones sociales, que han comparecido en Bilbo junto a la letrada que ha llevado la acusación popular, Jone Goirizelaia, han señalado, asimismo, que se ha demostrado el «impulso político» que se desprende de las declaraciones de uno del los acusados, Mario Fernández, al reconocer la existencia de las llamadas de altos dirigentes políticos para interceder en favor de Cabieces y han recordado que durante el tiempo que estuvo cobrando casi 6.000 euros mensuales de Kutxabank, «Cabieces cobraba una cantidad similar de Ibredrola por ser miembro de su Consejo de Administración y, además, capitalizó el desempleo por un importe de 14.000 euros».

«Hemos contribuido a destapar un fraude», han indicado, para agregar que, en su opinión, «toca ahora a los responsables políticos dar la cara y asumir sus responsabilidades».