La Fiscalía ha elevado a definitiva la petición de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de «prevaricación y desobediencia» al organizar la consulta del 9N.

El Ministerio Público considera que es «autor o subsidiariamente cooperador necesario» del delito de «prevaricación y de desobediencia», por los que solicita la inhabilitación especial por siete años y medio y un año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente. No obstante, el fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCat, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones.

Querella «política»

La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia. La abogada Eva Labarta ha calificado de «política» la querella presentada por la Fiscalía tras la oposición de los fiscales catalanes a la interposición de la misma y ha incidido en que en caso de producirse una condena se estará entrando «en un camino que sienta precedentes muy delicados», en alusión a la judicialización de la vida política.

«Era una providencia inconcreta que no aclaraba nada», ha señalado Labarta, en la que no se decía lo que no se podía hacer y que generaba problemas como los planteados durante su testimonio por el exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer, que asesoró a Homs el mismo día de conocerse la suspensión del TC, entre los que estaban la utilización, por ejemplo, de los Mossos d’Esquadra para la seguridad de la consulta organizada por voluntarios. Ha añadido que la organización no se paró «porque no se podía parar».

La letrada ha considerado «curioso» el hecho de que Homs fuera imputado en esta causa una vez tomo posesión de su escaño de diputado, varios meses después de que se presentara la querella inicial por los mismos hechos contra el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.