Una de las grandes concesionarias de obra pública en Nafarroa, Harinsa Navasfalt, se encuentra al borde de la quiebra. El anuncio de su entrada en suspensión de pagos o concurso se preveía para la semana pasada, aunque finalmente sigue sin haber un anuncio oficial. Harinsa fue una de las empresas emblemáticas de la Ribera que medró en la etapa de Miguel Sanz, pero también jugó un papel esencial en el recorrido de la red de corrupción madrileña en torno a Antonio Granados, conocida como trama Púnica.

La caída del gigante constructor deja en el aire la viabilidad de muchas subcontratas que ven con enfado cómo Harinsa se ha quedado sin fondos cuando la Administración navarra ha pagado religiosamente por las obras. Sin embargo, hace años que la empresa de Antonio Sesma opera también en Madrid, y de la mano de socios que hoy se encuentran en la cárcel.

Sesma, conocido en Corella como «Rumasín», pegó el pelotazo con el tercer tramo del canal de Navarra. Se presentó al concurso en una UTE con ACS (Florentino Pérez) y se quedó con las obras pese a no presentar la mejor propuesta económica. Aquello se justificó por «razones técnicas». Este anómalo concurso llamó la atención de la revista “Interviú” en 2008, sobre todo porque «Rumasín» era primo carnal del entonces presidente: Miguel Sanz Sesma. Además, en la empresa matriz trabajaba también el hermano de Sanz.

Tras hacerse con la adjudicación, Harinsa logró que los ingenieros admitieran una modificación que le permitía ahorrar un 30% de los costes, al evitarse la gran mayoría de movimientos de tierras (lo que suponía incumplir las concesiones del pliego). Pese a este cambio tan sustancial, al final Harinsa y ACS se salieron del presupuesto y el Gobierno tuvo que pagar cinco millones de euros más de lo previsto originalmente.

Gracias a la inyección económica de esas obras Harinsa (Hormigones Asfálticos de la Ribera) se hizo lo suficientemente grande como para dar el salto a Madrid. Allí se buscó como socios a Dico y a Obrum, creando el grupo DHO. Al poco de empezar a andar el nuevo grupo, todo quedó en manos de la cabeza de la red Púnica, David Marjaliza (que provenía de Obrum). Aquello era ya un coloso de la construcción, con más de 1.200 trabajadores y una facturación de 700 millones.

Pero el gigante tenía pies de barro y la andadura del grupo DHO duró poco, acosado por las deudas (alguna con Haciende sigue viva). Dico y Obrum asumieron gran parte de las deudas, para que Harinsa pudiera salvarse. En medio de ese desastre empresarial es cuando se empiezan a salir informaciones de lo que luego se conocerá como red Púnica.

El director financiero de DICO, David Merino, confesó en 2009 que esta empresa realizaba pagos a políticos de varios ayuntamientos de Madrid de forma «absolutamente habitual» y que eran «las putas reglas del juego». También es Merino quien empieza a relatar las historias de cacerías y prostitutas en una finca propiedad de Dico, que hoy se atribuye al patrimonio personal de Francisco Granados. El testimonio de David Merino hizo que la Fiscalía Anticorrupción centrara entonces sus investigaciones en la posible existencia de una «caja B» en DICO para pagar estos sobornos y correrías.

Que Harinsa y Dico hicieran negocios no era nada raro. El germen de DICO (Divergea Construcciones) no está en Madrid, sino también en Nafarroa y también es vinculable al clan de Miguel Sanz. Varios nombres destacan entre directivos de esa empresa y propietarios, como el de Francisco Senosiáin (que se marchó a vivir a Madrid cuando entró el nuevo impuesto del patrimonio) y, particularmente, el de Emilio Izquierdo.

Fineco, el último eslabón

Izquierdo fue uno de los principales acusados, junto con Ignacio Galipienzo, en el primer «caso Egues», aunque finalmente resultó absuelto. Era el consejero delegado de Aricam, una de las empresas que pagaron al alcalde (que sí fue condenado). Izquierdo aparece en informaciones de “Diario de Noticias” como uno de los principales accionistas de DICO, con un 5% de la propiedad. Además de en DICO, este empresario navarro también figura como responsable de una empresa llamada Iniciativas y Desarrollos de Brasil, de nuevo junto al encarcelado Marjaliza. Es la UCO de la Guardia Civil la que investigó estas opresiones, aunque DICO también tiene vinculaciones con la Gürtel.

La vinculación que une a Dico directamente con Sanz quedó en evidencia cuando este dejó el Gobierno foral. El 26 de diciembre de 2014, GARA publicó que Sanz había pasado a dirigir una empresa que durante su etapa como presidente figuró como gestionada por su hijo (llamada Fineco). En el registro del cambio de titularidad aparecieron también otros 400.000 euros en el capital social de Fineco de origen desconocido.

Al día siguiente de la publicación de la noticia, Miguel Sanz llamó a “Diario de Navarra” asegurando que él únicamente había aportado 200.000 euros. El resto del dinero lo había puesto su «amigo» Ángel de la Fuente, propietario de MTS Tobacco, una empresa que está arruinada y que tendría entre sus deudores a Sodena (debido a una participación que el actual Gobierno navarro debe investigar). Sanz corroboró esta afirmación de que el dinero provenía del dueño de MTS Tobacco durante el proceso que tiene abierto por la CAN. Izquierdo figura entre los administradores de MTS Tobacco de 2009 a 2013.