Según ha explicado la consejera, el anteproyecto «supera los problemas» de la normativa actual, se inspira en las recomendaciones europeas relativas al código ético de la policía y «pretende situarse a la vanguardia de la protección y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía».

El objetivo de la nueva ley es redactar un texto normativo que sustituya tanto a la Ley Foral de Policías de Nafarroa 8/2007, como a las modificaciones contenidas en la Ley Foral 15/2015, que afectaban principalmente a las retribuciones y jornadas de la Policía Foral y, en lo que se refiere a policías locales, remitían a la elaboración de una norma específica.

Con esta nueva norma, se quiere establecer un modelo integral, moderno, coordinado entre todas las policías del herrialde, de referencia y abierto a la mejora permanente, con un sistema proporcional de medios y actividad, según señala el Ejecutivo en una nota.

Además, será una ley integradora para todas las policías de Nafarroa, es decir, regulará tanto a la Policía Foral como a las policías locales. Se adoptarán medidas de flexibilización y rentabilización de los tiempos de trabajo para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía, añade el Gobierno.

Se prevén también dos medidas relacionadas con la transparencia y mecanismos de control externo. Así, las quejas de la ciudadanía por actuaciones policiales ya no se resolverán en el seno de la organización policial sino por personal ajeno. También se creará un comité ético de control de la actividad policial, que funcionará de forma autónoma e independiente de la organización policial y del Departamento competente en materia de seguridad.

Por otra parte, se favorecerá la prestación del servicio en los dos idiomas oficiales de Nafarroa y la introducción de la perspectiva de género. El documento propone también el establecimiento de un estatuto propio y diferenciado con un régimen de jornadas, horarios y retribuciones ajustado a las funciones policiales y una organización acorde con el servicio.

Finalmente, se contemplan nuevas denominaciones de los puestos de trabajo para sustituir términos castrenses en una organización civil, se suprime la denominación de ‘cuerpo de policía’ por ‘servicio de policía’, se introducen medidas de flexibilización para la movilidad del personal, y otras de optimización de los recursos policiales.