Antes de que nos centren el debate, de nuevo, en el futuro político de Artur Mas, eliminemos por un momento los nombres propios de la ecuación y tomemos los hechos: más allá del quién, lo que un tribunal español acaba de considerar condenable son las urnas en las que 2.344.828 catalanes votaron sobre el futuro político que desean para su país. Conviene tenerlo claro y no dejarse enredar: el juicio ha sido contra el 9N, y la condena, también.

Conviene retener la fotografía de esta mañana en la retina: media hora antes de que un tribunal condenase el proceso participativo del 9N, la premier escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciado un segundo referéndum entre otoño de 2018 y primavera de 2019. El contraste que ya se vivió en otoño de 2014 –primer plebiscito escocés y 9N catalán frente a frente– se repite con potencia redoblada: mientras unos profundizan en el ejercicio de la democracia, otros dan otra vuelta de tuerca antidemocrática en la estrategia de judicializar la política.

Para rematarlo, la Comisión de Venecia publica hoy íntegro el informe en el que critica duramente la última reforma del Tribunal Constitucional –que otorga capacidad penalizadora a la corte–, mientras la Fundación Konrad Adenauer, ligada a la CDU de Angela Merkel, advirtió la semana pasada de que España difícilmente resolverá el contencioso catalán solo a través de los juzgados.

Efectivamente, los catalanes tienen tremendamente difícil el camino hacia el referéndum anunciado en setiembre. Qué decir del camino hacia la posterior independencia en caso de victoria del Sí. Pero ojo, igualmente difícil va a tener el Estado español explicar las medidas que tome para frenar el plebiscito. Son sus inhabilitaciones las que habilitan a Catalunya a seguir emprendiendo su camino al margen de lo que diga y haga el Estado.