La acusación popular del «caso Cabieces» puso en valor ayer la contundencia con la que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia «deja claro» que el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta fueron autores de un delito de apropiación indebida de fondos de Kutxabank. Con el fin de «pagar salarios millonarios» al exdirigente del PSE, sin contraprestación laboral alguna para la entidad, «por el mero hecho de ser un político que cesó en su cargo».

Lo que debe aclararse ahora para las organizaciones que promueven la acusación popular, son las responsabilidades políticas que consideran inherentes a un delito que tenía un claro impulso político y que, según remarcaron, se desprenden de las declaraciones realizadas por el propio Fernández, reconociendo que «personas de relevancia política le indicaron la necesidad de buscar la forma de pagar a Cabieces un sueldo» al abandonar su responsabilidad.

Según señalaron ayer, se ha hablado de la implicación de dirigentes del PP y del PSE en este acuerdo, pero también Sabin Etxea tuvo que estar al corriente de los pagos a Cabieces, dado el vínculo del partido con al dirección de Kutxabank. «En su momento se publicó que los personajes políticamente relevantes eran Basagoiti, del PP; un consejero del Gobierno de Patxi López, y por nuestra parte, añadimos el convencimiento de que Sabin Etxea y quienes colocaron a Mario Fernández en la presidencia de Kutxabank conocían y apoyaban dicha petición».

En este sentido, recordaron que la privatización de las Cajas fue el escenario en el que se produjo el delito de apropiación indebida, «el caldo de cultivo necesario» para «compactar los apoyos de PNV, PSE y PP a la privatización».

«Quienes recortan la RGI»

En términos similares a la reflexión planteada ayer por las organizaciones que promueven la acusación popular, el sindicato ELA denunció que el trato de favor a Cabieces «no es un caso aislado» sino reflejo de «cómo una élite política y financiera se viene protegiendo entre sí, buscando vías para un tratamiento privilegiado».

«Quienes están recortando 50 euros al mes en la RGI justifican sin rubor que se le asignen 6.000 euros mensuales a Cabieces», resaltó la central.

Hechos «muy claros», que complicarán los recursos

La letrada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, consideró ayer que «lo más relevante» de la sentencia es que hace una exposición «muy clara» de los hechos y establece una argumentación que va hacer «muy complicada técnicamente» la interposición de recursos por parte de las defensas de Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta.

Avanzó, por otra parte, que analizará junto a las organizaciones que impulsan la acusación, los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE Bizkia e Hiru y las asociaciones Pentsionistak Martxan y de consumidores EKA, la conveniencia de presentar alegaciones al recurso de las defensas o presentar un recurso propio. «De haberlo, será por la absolución de falsedad documental», apuntó la abogada, que aclaró también que la sentencia establece claramente que no se juzga la honorabilidad de Mario Fernández. Reconoció, asimismo, que la atenuante por la devolución del dinero es clara pero conlleva el reconocimiento de que «algo se había hecho mal».N.G.