El Gobierno de Lakua ha acogido de forma «muy positiva» las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de que Garoña «no es viable», porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo.

El diputado general de Araba, Ramiro González, ha indicado que  «todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ya ha considerado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central».

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha manifestado que «si a Mariano Rajoy le quedaba alguna duda, hoy ya la tiene resuelta: debe desmantelar Garoña».

La plataforma Araba sin Garoña ha opinado hoy que las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola suponen «un paso más en el camino hacia el cierre definitivo», al que «debe seguir el desestimiento formal de Nuclenor» y una orden del Gobierno español que decrete «su cierre definitivo y su desmantelamiento».

La portavoz de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que ha sido quien ha planteado la cuestión en la Junta de Iberdrola, ha señalado que el Gobierno «ya no tiene excusa. Las palabras de Sánchez Galán no inducen a pensar que su intención sea operar las centrales nucleares hasta, como mínimo, los 60 años como está tratando de promover el Gobierno».

«El Ejecutivo está actuando en esta cuestión en contra del sentir popular de la mayoría de la sociedad, en tanto que el resto de los partidos mayoritarios no son favorables a la generación nuclear sino a sustituirla por energías renovables», ha destacado.

Montón ha añadido que si Sánchez Galán «es tan serio como afirma en su convencimiento de luchar contra el cambio climático, debe proceder también a acelerar el cierre de las dos centrales de carbón que tiene en España», que «suponen una parte minúscula de la compañía».

Mientras, fuentes del Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital han señalado a Europa Press que el proceso está «donde dijo el ministro, Álvaro Nadal, que se ha dado seis meses para que el Gobierno tome una decisión respecto a la solicitud formulada en 2014 por Nuclenor. El Gobierno está abierto a conocer las posiciones y tiene un plazo de seis meses para adoptar la decisión».