«Conocemos quiénes son los 796 presos que se fugaron, conocemos quiénes son los 221 presos asesinados, pero no quiénes están en esas fosas», ha afirmado Joseba Eceolaza al ser cuestionado sobre la localización en el Concejo de Burutain de una fosa con los cuerpos de personas muertas en 1938 tras su huida de la prisión situada en el fuerte de Ezkaba.
De los 221 fugados asesinados, 14 eran dirigentes y fueron muertos el 8 de agosto en la vuelta del Castillo de Iruñea y enterrados en el cementerio, en lo que hoy es el crematorio y de los 207 restantes, alrededor de una treintena han sido localizados en diferentes fosas situadas en Sarriguren, Berriozar, Elia, Egues o Usetxi.
La última, la localizada ahora en Burutain, gracias a la indicaciones de un testigo de aquellos hechos, un anciano que era entonces un niño y que ayer «lloraba de emoción» al comprobar que se había localizado la fosa, según ha relatado el presidente de la asociación, Jokin De Carlos.
Y es que durante ochenta años, cada vez que pasaba por ese lugar, situado a poca distancia de su vivienda, se acordaba «miles de veces» de aquel día, el día en el que vio cómo los fusilaban, ha apuntado De Carlos, quien ha agregado que no había hablado de lo que había visto hasta hace un año cuando vio que en Olabe, a cinco kilómetros, exhumaron los cuerpos de dieciséis fugados.
Este tipo de colaboraciones son fundamentales para recuperar los cuerpos, según la asociación, que hace un llamamiento a la sociedad a colaborar y comunicar cualquier indicio o pista.
A la necesidad de encontrar los cuerpos han sumado la de identificarlos, la de saber lo que pasó, según Eceolaza, quien ha remarcado que tienen el convencimiento de que la Guardia Civil abriendo los archivos de los que dispone podría solventar los problemas que tienen para aclarar esas identidades.
«Detrás de cada exhumación, detrás de esos huesos, hay una identidad, una familia, unos sentimientos y está en manos de las instituciones públicas y en manos de la Guardia civil poder dar a esos huesos una identidad, una historia vital», ha remarcado.
Al respecto ha apuntado que poco hacen si logran recuperar los huesos de seis víctimas y no pueden entregárselos a sus familiares.
«Detrás de esos huesos hay familias como la de Arcadio», ha dicho en alusión a Arcadio Ibáñez, quien le acompañaba en el acto y quien no ha podido recuperar los cuerpos de su padre, ‘desaparecido’ en Zaragoza, y cuatro de sus tíos. «¿Qué pasó?» o «¿donde están?» son algunas de las preguntas que se formula y que siguen sin respuesta.
Y eso a pesar de que, según ha explicado Eceolaza, la Ley de Memoria Histórica de 2007 contemplaba que tenía que haber una colaboración entre las instituciones públicas y privadas para esclarecer estos hechos.
Esa necesidad fue recogida en la norma navarra que además, en uno de sus artículos, incluye la creación de un centro documental de la memoria histórica, un proyecto que está «bastante avanzado con los trabajos del fondo documental de la UPNA».
El derecho de las familias a saber lo que sucedió ha sido remarcado por el miembro de la asociación, quien ha instado a las instituciones a respetar el derecho de las familias a la verdad, la reparación y la justicia.
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