Javier Ruiz ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar de los contratos públicos a empresas ligadas al exdiputado general José Alberto Pradera, «que ha aparecido vinculado a los llamados 'papeles de Panamá' por tener una sociedad en un paraíso fiscal», lo que es, a juicio del dirigente del PP, «una actitud cuando menos cuestionable».

No obstante, ha precisado que el objetivo de su comparecencia es denunciar «el tejido clientelar que tiene el PNV en Bizkaia, un clientelismo vinculado a ex cargos o cargos del PNV en las contrataciones públicas», en este caso, de Pradera.

Ruiz ha señalado que Pradera «forma parte de un buen número de empresas», entre ellas Euroconsult Norte, «una ingeniería dedicada fundamentalmente a la ingeniería de obra civil, de la que el exdiputado general es presidente desde 2004, y que ha recibido por parte de la Diputación de Bizkaia, principalmente, alrededor de 6,5 millones de euros en adjudicaciones públicas».

Otra de las empresas relacionadas con Pradera, según Ruiz, es Ondoan Servicios, «que forma parte del Grupo Ondoan, del que Pradera es consejero desde 2003 y que ha recibido en los últimos años adjudicaciones por un importe aproximado de unos 12,5 millones de euros».

Por tanto, ha señalado, «estamos hablando de que empresas vinculadas con Pradera han recibido en la última década cantidades importantes de dinero cercanas a los 20 millones de euros, tanto de la Diputación de Bizkaia como del Gobierno vasco, dos organizaciones principales de Euskadi que han sido proveedores de las empresas a las que pertenece Pradera».

Al desvelar este tipo de informaciones, Ruiz ha dicho que el objetivo del PP de Bizkaia es «trasladar que hay un 'modus operandi', una práctica habitual en Bizkaia que se podría trasladar al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que determinadas personas con vinculaciones al PNV, excargos públicos, algunos de alta responsabilidad, a través de empresas en las que son contratados o que ellos mismos crean, se nutren de dinero público en las contrataciones públicas».

Ruiz ha recordado que «no es el primer caso» que el PP de Bizkaia denuncia, ya que «lo hicimos hace un año y medio con la empresa de Ardanza que recibió alrededor de 3 millones de las diferentes administraciones públicas en subvenciones y finalmente acabó cerrando», y «con todo el entramado empresarial que tenía la familia de Juan Mari Atutxa, que había recibido cantidades millonarias, de alrededor de 68 millones de euros».

«Ahora ponemos el caso de Pradera, y, posiblemente, no sea el último», ha advertido, para asegurar que su partido defiende que los cargos públicos «lógicamente tienen todo el derecho, una vez que han finalizada su actividad política, a incorporarse al mundo del ámbito privado y a desarrollar su carrera, pero una cosa es eso y otra que el haber sido político pueda servir como salvoconducto para que, a través de empresas propias, o de empresas que te contratan, nutrirse de contratos de la propia administración pública».

Transparencia en la contratación pública

El PP de Bizkaia presentará una iniciativa en las Juntas Generales para «tratar de aumentar la transparencia en las contrataciones públicas». Así, pedirán en «todas las empresas que se presenten a un concurso público en la Diputación tengan que declarar previamente si en sus órganos de dirección o en sus consejos de administración figuran cargo o excargos políticos vinculados a un partido político, principalmente al partido que gobierna esa institución».

En su opinión, «si hay transparencia, lógicamente puede ser un elemento disuasorio para que ese tipo de prácticas sean mucho más cuidadosas». El objetivo de esta iniciativa, ha explicado Ruiz, es «sacar a la luz y que la ciudadanía conozca con nombres y apellidos los entramados empresariales que aquí existen, quiénes están detrás de todos ellos, y las cantidades y los contratos que reciben».

«Se trata de eliminar esos espacios de oscurantismo», ha dicho, para asegurar que al PNV «le gusta muy poco que esto salga a la luz», pero, «si tenemos este tipo de información, tenemos la obligación y la ciudadanía tiene el derecho a conocer los modos operandi que en Bizkaia y en Euskadi se producen».

Por otro lado, Ruiz ha considerado que al PP «no de corresponde determinar si este tipo de prácticas son legales o no», sino que su labor es de «investigación y de arrojar luz», y «le corresponde a otras instancias intervenir, si lo consideran adecuados».