La sentencia esta misma semana del TSJPV en la que ha señalado que no se analizaron las afecciones económicas derivadas de la declaración del centenario edificio como Bien Cultural por parte del Departamento de Cultura de Lakua en 2014, han devuelto el antiguo cinematógrafo a la actualidad, aunque en cierta medida no ha dejado de serlo en los últimos años, muy presente en el debate municipal.

Tras darse a conocer la sentencia, con fecha de 21 de abril, el primer telefonazo desde este diario fue a Áncora, la asociación cívica por la conservación del patrimonio arquitectónico. Desde el otro lado de la línea, Alberto Fernández, matizaba lo publicado en los últimos días por los medios, que han afirmado que el TSJPV ha anulado la declaración del edificio como Bien Cultural. «La magistrada no ha cuestionado sus valores históricos y artísticos –afirma–. Indica que debe reabrirse el expediente administrativo a efecto de poder considerar las repercusiones económicas que pudo tener la orden de calificación cultural. El edificio, formalmente, sigue protegido».

Respecto a la declaración de «ruina», añade que legalmente tampoco es así. «Para que se declare legalmente en ruina es necesario tramitar un expediente específico ante el Ayuntamiento de Donostia, no ante un juzgado –aclara–. Sade, propietaria del edificio, inició ese procedimiento en noviembre de 2014, pero dos meses después desistió. Se retractó en ese procedimiento y, al menos formalmente, no concluyó en ninguna declaración de ruina». Otra cosa, agrega, es que se considere que su situación no es buena.

Con esta última sentencia en la mano, el Ayuntamiento donostiarra anunció el jueves que deja en suspenso, por el momento, la reposición de la cúpula, que fue retirada en octubre de 2015. Esperará a «nuevos informes técnicos y jurídicos que analicen las consecuencias» del dictamen judicial antes de tomar ninguna decisión. No obstante, Fernández advierte que ambos son expedientes administrativos independientes. «Son dos procesos paralelos. La reposición de la cúpula es una orden municipal y tiene fuerza ejecutiva, por lo tanto, no hay ningún motivo para que deba paralizarse o cuestionarse», considera.

Pequeña cronología

El emblemático cinematógrafo lleva más de 30 años cerrado dejándose morir, sin actividad. Los movimientos y pronunciamientos institucionales, así como los gestos por parte de Sade, se han intensificado en los últimos años. Por arrancar el relato en algún punto reseñable de su larga cronología, fijamos la vista en 2013, cuando el Gobierno Municipal de EH Bildu dio luz verde al renovado Plan Especial de Protección de Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc). Entonces, el «Bellas» pasó de tener el grado C de protección al D, lo que permitía a la propietaria derribarlo y reconvertirlo en un hotel –expreso deseo de Sade–, siempre y cuando mantuviera la misma apariencia externa, la original. En febrero del año siguiente, la oposición –PNV, PSE y PP– aprobó una enmienda con la que se rebajaba su nivel de protección, de tal forma que se debía conservar su mítica fachada sur con opción de poder actuar sobre el resto del edificio.

Pasaron pocos meses desde entonces cuando el Departamento de Cultura que dirigía Cristina Uriarte decidió catalogarlo como Bien Cultural, asumiendo el acuerdo de la oposición donostiarra como «insuficiente para garantizar la preservación del bien». El objetivo era que el tesoro arquitectónico y patrimonial quedara preservado para las generaciones futuras.

El tiempo transcurría y el deterioro del teatro avanzaba, obvio. En octubre de 2015, y tras la caída hacia el interior del edificio de fragmentos de la propia estructura, dos grúas de grandes dimensiones y operarios especializados comenzaron con el derribo de su característica cúpula, aún sin reponer –desde enero de 2014 una sólida malla sujeta las fachadas para evitar que nada se desprenda–.

El Ararteko también se ha pronunciado en este proceso. Tras admitir una queja presentada por Áncora, la institución estimó, en marzo del año pasado, que el Ayuntamiento y la Diputación de Gipuzkoa siguieron «un procedimiento impropio, que ha permitido iniciar un expediente de ruina a los meros efectos de acordar el derribo de un elemento protegido».

Reacciones a la sentencia

La sentencia del TSJPV provocó, como es lógico, reaaciones. Por un lado, el propio consistorio informó que solicitará una reunión de urgencia con Lakua, mientras Sade declaró que espera que las instituciones «cambien de actitud y asuman que reconstruir el Bellas Artes es una obra de enorme coste, del orden de los 8 millones de euros». Además, confía en que el Gobierno de Goia «renuncie a su pretensión de obligarle a reconstruir la cúpula».

EH Bildu culpó a Sade del estado actual del edificio, y criticó su estrategia jurídica para «cargarse la protección» para poder hacer «lo que quiera» con él. La coalición, que ha pedido al Ayuntamiento que recurra la sentencia, cree que no hacerlo es ceder ante la Sade y hacer dejación de su deber de proteger el patrimonio histórico donostiarra». Esta misma postura es la defendida por Áncora y la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural de San Sebastián, quien lamenta lo poco que han hecho las instituciones para defender este edificio ideado por Ramón Cortázar e inaugurado en 1914 con motivo del centenario de la quema de la ciudad y del 150º aniversario del derribo de sus murallas. «Es único, singular por sus materiales y arquitectura», expresa Rafael García.