El actual alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu), y tres exalcaldes –Xabin Olaizola (HB), Adrián López (PSE) y Juan Carlos Merino (PSE) han leído una declaración sobre los incidentes que tuvieron lugar el pasado 11 de marzo en Iruñea, por los que tres jóvenes de la localidad fueron encarcelados.

En su declaración, los cuatro mandatarios «reprueban de forma clara» los «hechos violentos y los destrozos» que tuvieron lugar en Iruñea aquel día, así como «cualquier expresión de violencia».

En su opinión, «las normas han de ser interpretadas atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» y hay que excluir «la interpretación extensiva de las normas que supongan un perjuicio para las personas».

En ese sentido, entienden que la interpretación de la norma «ha de ir encaminada al resultado más justo del hecho enjuiciable, pero a su vez a la consolidación de una realidad social que se caracteriza por un nuevo tiempo de paz».

Por ello, y en el «contexto que vive actualmente la sociedad vasca», consideran que los incidentes de Iruñea se enmarcan dentro de hechos «investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria y no por la Audiencia Nacional, con las consecuencias inherentes respecto a la situación de privación de libertad de los jóvenes».

El Tribunal Supremo español es el que debe dirimr si la causa se quedará finalmente en Iruñea o se instruirá en Madrid, después de que se planteara un conflicto de competencias tras haber determinado la Audiencia de Nafarroa que no se trataba de delitos de «terrorismo» y la Audiencia Nacional ratificara su competencia para juzgarlos.