En una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, se informa que el Tribunal de Cuentas cuenta con un escrito que le ha sido remitido por «diversas entidades» –que la nota no concreta– que solicita la apertura de una investigación contable en este órgano por el posible uso irregular de dinero público en la citada consulta popular.

En su informe, el fiscal del Tribunal de Cuentas pide a la Comisión de Gobierno de este órgano el nombramiento de un delegado instructor.

Por la consulta del 9N ya fueron condenados el expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (los tres primeros) y por el Tribunal Supremo (el segundo) por desobedecer la suspensión del Constitucional.

Al margen de ese proceso, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana «carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria».

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados «a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación».

Vía diferente a la penal

De acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal propone a la Comisión de Gobierno que designe un instructor que practique las diligencias oportunas para determinar si hay responsabilidad de esos ex altos cargos por alcance o malversación contable (un concepto independiente del acuñado en el ámbito penal).

La cuestión es que la ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine «el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados».

De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores.

También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información