En los últimos meses el Ayuntamiento de Iruñea ha actuado sobre 155 m2 del edificio. Las salas en las que se atendía a las víctimas en la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) se han dividido en boxes aislados acústicamente y el acceso a esas dependencias no obliga a las víctimas a transitar por zonas comunes, mejorando su privacidad en la denuncia y en las entrevistas con abogados o psicólogos.

Hasta ahora todo el mundo accedía al edificio por la misma puerta y en la sala de espera se mezclaban denunciantes, denunciados, personas trasladadas para realizar pruebas de etilometría o demandantes de atención por parte de la Unidad de Protección y Acción Social (UPAS).

Precisamente uno de estos boxes está destinado a atender a victimas de violencia de género y hay también un espacio específico para menores, que entrarán y saldrán por el garaje para preservar al máximo su intimidad. Se ha creado, también en esta zona, un espacio destinado a la custodia de menores detenidos, aislándoles de sus homólogos adultos.

Para garantizar la seguridad, tanto de los detenidos como de los policías, los 14 calabozos (12 individuales y dos colectivos) de la llamada Zona de Retén - espacio de detención en espera de pasar a disposición judicial- se han equipado con cámaras de videovilgilancia que registran lo que allí sucede durante 24 horas, tal y como determina la normativa europea y las relativas a derechos humanos, igual que la sala de atención a los ciudadanos.

Finalmente se ha dado por inaugurado un depósito de custodia de pruebas para procesos judiciales en la cuarta planta del edificio. El presupuesto de estas obras de adecuación de las instalaciones de la Policía Municipal ha ascendido a 124.088 euros.

Adaptarse a los tiempos, el trabajo y la legislación
Todas estas modificaciones se han realizado siguiendo los principios y mandatos de la correspondiente directiva comunitaria, la Ley 4/2015, de 17 de abril de Estatuto de la Víctima del Delito y los requerimientos del Defensor del Pueblo estatal, en un criterio cada vez más garantista para las víctimas.

También conforme a la Ley Foral 14/2015 que indica que «se diseñarán espacios físicos individualizados en las Comisarías en las que se acoja y asista a las mujeres víctimas de violencia y a testigos, a fin de evitar una posible victimización secundaria». Asimismo establece que «las salas de espera, los lugares para el registro de denuncias y para cualquier otro tipo de intervención o de actuación policial deben distinguirse y adaptarse a las necesidades particulares de cada situación, con objeto de garantizar en todo momento la confidencialidad y permitir la separación completa de la víctima y el agresor». Esta norma también incluye la obligación de prever «lugares especialmente diseñados para menores acompañantes».