El 8 de junio fueron trasladados los últimos presos de la Modelo de Barcelona. Un penal histórico, fundado en 1904 y por el que pasaron figuras como el president de la Generalitat Lluís Compayns, fusilado por los franquistas en 1940; Francesc Layret, diputado del Partit Republicà Català; el activista libertario Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil en 1974; o el militante de ETA Jon Paredes Txiki, fusilado cerca del cementerio de Collserola el 27 de setiembre de 1975. El cierre de esta prisión fue fruto de un acuerdo suscrito por el Ayuntamiento y el Govern, que en 1984 obtuvo la transferencia de prisiones, lo que le ha permitido articular un sistema penitenciario abierto en el que participan las asociaciones del tercer sector, las autoridades judiciales y los responsables institucionales.

«En Euskal Herria si quieres hablar de política penitenciaria tienes que dirigirte a Instituciones Penitencias, que está en Saturno, esta en otra galaxia, no hay una contraparte con la que puedas discutir. Tienes que organizar una movilización y alzar la voz, mientras que en Catalunya los agentes sociales pueden ir a una reunión y alzar la mano, porque les van a permitir hablar. Pueden explicar en que no están de acuerdo o que mejorarían», explica Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu en Gasteiz. Esta semana ha viajado a Barcelona junto a Jone Goirizelaia y Larraitz Ugarte para conocer de primera mano el sistema penitenciario del Principat, donde entre otras cosas se ha abierto un debate en torno al régimen de aislamiento.

Los representantes de la coalición han podido visitar una prisión catalana y han conversado con cargos institucionales, como el Síndic de Greuges –defensor del pueblo en Catalunya– que, pese a las trabas del Tribunal Constitucional, puso en marcha hace un par de años la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura. «Si detectan que hay un problema en una prisión cogen un taxi y se plantan en la cárcel sin avisar. Hablan con el preso, con el funcionario y con los médicos, y hacen un informe que puede derivar en una queja administrativa o en vía judicial», señala Arzuaga. Detalla que en esta Autoridad hay dos personas delegadas por las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas presas: una del ámbito jurídico que vela por que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías; y una del espacio médico que acaba de dar un curso de formación al personal sanitario para que pueda detectar maltratos.

No todo depende de Barcelona

Pese a que las competencias penitenciarias están en manos del Departamento de Justicia, los jueces de Vigilancia Penitenciaria siguen dependiendo de la Administración española. «Pero son gente que tiene otra sensibilidad –apunta Arzuaga–. Nos reunimos con una magistrada y decía que, al igual que hace la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura, si hay un problema se presenta en la prisión y verifica lo ocurrido. No obstante, nos decía que había otros jueces que no eran tan severos a la hora de analizar las condiciones de los presos y las vulneraciones de los derechos humanos, y había visto que, en ocasiones, cuando se dada un caso de estos cogían al preso, lo metían en una conducción y lo llevaban a otra cárcel donde había otro juez de Vigilancia más laxo», destaca el parlamentario de EH Bildu. Incide con ello en que el sistema penitenciario catalán no es perfecto, «pero hay voluntad para identificar los problemas e intentar resolverlos». «Su planteamiento pasa por facilitar la resocialización. No consideran que estar más tiempo en prisión favorezca a nadie. Y aunque no tienen un planteamiento abolicionista, no rehuyen el debate con las asociaciones y dan pasos para que el aislamiento sea el último recurso», añade.