La proposición de ley, presentada a iniciativa de Izquierda-Ezkerra pero firmada también por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, ha visto aprobadas un total de 14 enmiendas, dos de ellas de UPN, de las 19 presentadas.

Con esta se medida se busca «extender a las víctimas de la práctica de bebés robados el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios» para facilitar la búsqueda «de los seres queridos injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género implantada durante el franquismo».

El documento denuncia la «colaboración de personas pertenecientes a instituciones religiosas, sanitarias, políticas y judiciales» y se contempla la elaboración de un censo de bebés robados para, «a través de un Convenio con el Fondo Documental de la UPNA, tratar de esclarecer los casos de adopción irregular».

Además, se incluye la creación de un banco de ADN dependiente del Instituto de Medicina Legal de Nafarroa que se encargue de conservar las muestras de restos óseos de las exhumaciones realizadas en el herrialde, así como de recabar muestras de las personas afectadas, «siempre que no se vulneren leyes de rango superior sobre la protección de datos». Estas pruebas deberán ser analizadas en un plazo de tres meses.

El Gobierno de Nafarroa asumirá el coste de las aperturas de enterramientos, para lo cual se dotará de una partida económica independiente de la dedicada a las exhumaciones. También se hace referencia a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, y se encomienda al Ejecutivo navarro la celebración de un acto institucional.

Para elevar este tipo de delitos a la categoría de lesa humanidad, se solicitan al Estado las «modificaciones legales pertinentes» para crear una fiscalía especializada y se prevé la modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita en Nafarroa.

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha realizado una valoración «muy positiva» de esta iniciativa, pues va a convertir a Nafarroa en «la primera comunidad autónoma» que cuente con una ley que incluya a las víctimas de bebés robados durante la represión franquista.

«Estamos muy satisfechos porque era una obligación, un deber que teníamos para con todas estas personas en relación a todos los bebés que fueron robados a sus madres», ha añadido De Simón, que se ha mostrado convencida de que «el resto de las comunidades autónomas seguirán el mismo camino».

Por UPN, Iñaki Iriarte ha mostrado su rechazo a la práctica de sustracción de menores y ha trasladado su «postura favorable» al reconocimiento del derecho a la verdad y la justicia de estas víctimas, aunque ha advertido que cierto lenguaje jurídico recogido en la ley podría no ser lo suficientemente «riguroso», en referencia a la expresión ‘robo de bebés’.

En nombre de Geroa Bai, la parlamentaria Virginia Alemán ha mostrado su «solidaridad con todas las familias que sufrieron esta vulneración de derechos» y ha criticado el «silencio cómplice y la negativa» experimentados por parte de los poderes públicos «en la búsqueda de respuestas».

Alemán ha denunciado que esta «práctica inhumana» empezó atendiendo a «motivos políticos» y acabó siendo «una verdadera trama de trata de seres humanos donde estaban implicadas personas de instituciones religiosas, médicos, o funcionarios».

El miembro de EH Bildu Dabid Anaut ha calificado como «justo y lógico» que se trate de cubrir la «carencia» que había en este ámbito, y la parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu Tere Sáez ha destacado el carácter «pionero» de la propuesta. También Inma Jurío, PSN, se ha mostrado a favor de subsanar la «deuda» existente con las víctimas de esos «robos de seres humanos».

Por el PP, Ana Beltrán ha considerado «adecuado» adoptar las medidas necesarias «siempre y cuando» se mantenga el debido «secreto y sigilo» por tratarse de cuestiones «delicadas». «Queremos que se esclarezcan estos hechos y no quede en el olvido el sufrimiento de las familias», ha afirmado.