En los últimos meses se están dando en el Parlamento de Gasteiz y otras instituciones vascas acuerdos de todos los partidos salvo el PP en asuntos relacionados con los derechos humanos. A partir de una iniciativa de EH Bildu, ayer este grupo, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos aprobaron un texto conjunto en el que solicitan «a las autoridades competentes» que, atendiendo a la legislación estatal y a los estándares internacionales, «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables puedan ser clasificados en tercer grado y ser excarcelados por razones humanitarias y de dignidad personal»

Julen Arzuaga, el parlamentario que firmaba la propuesta inicial, subrayó la importancia de esa declaración porque «en la lucha por cambiar la política penitenciaria del Gobierno español es fundamental sumar fuerzas y que esas fuerzas sean cada vez más plurales. Hemos dado un gran paso porque todos los grupos menos el PP hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de solicitar juntos la puesta en libertad de las y los presos enfermos». A juicio del parlamentario de EH Bildu, «estamos logrando traer a la política el consenso que ya existe en la sociedad y tenemos que seguir trabajando en esa dirección para conseguir entre todos que el discurso y la actuación del PP y del Gobierno español acaben siendo indefendibles e insostenibles».

Juan Luis Uria, de Elkarrekin Podemos, también destacó la importancia de los acuerdos que se están alcanzando y que podrían servir de base para una futura transferencia de la política penitenciaria. Rafaela Romero, del PSE, e Iñigo Iturrate, del PNV, se felicitaron del consenso alcanzado en base a la defensa de los derechos humanos y de la propia legalidad.

Una delegación del Foro Social Permanente, junto a miembros de Etxerat y Sare, que participan del mismo, estuvo presente en el pleno y calificó de muy positivo su resultado, que considera que puede ser ejemplo para «acuerdos en otros temas, también de urgencia, como el del alejamiento o las políticas de grado».

Contra la instrucción 03/2017

El Parlamento solicita también «la derogación de la instrucción 3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la rectificación del criterio expresado por el ministro de Interior, según el cual solo se deberá conceder la libertad condicional a un preso enfermo ante un riesgo inminente de fallecimiento en dos meses».

La Cámara autonómica entiende que esta medida «vulnera los más básicos principios de legalidad y humanidad, así como los principios deontológicos del personal médico que supuestamente debería adoptar este tipo de decisión».

Acuerdo laborioso

Alcanzar un texto conjunto entre PNV, EH Bildu, EP y PSE sobre esta materia fue laborioso. Juan Luis Uria, de Elkarrekin Podemos, habló de «ingeniería de síntesis». Los tres primeros grupos lo tenían más fácil, pero el PSE sabía que iba a caer sobre él la ira del PP.

Rafaela Romero construyó su discurso sobre la defensa que el PSE hace de los derechos humanos y de la legalidad, asegurando que hay que «demostrar la fortaleza del Estado de Derecho siendo impecables y escrupulosos en su garantía y en el respeto de los derechos fundamentales que ese Estado de Derecho protege y que también es el de las personas presas con enfermedades graves e incurables».

Nerea Llanos, del PP, parecía no entender lo que estaba sucediendo. Dedicó su primera intervención no a responder al texto conjunto del resto de grupos, sino a criticar la propuesta original ya superada de EH Bildu, acusándole de «manipular, tergiversar y falsear» la realidad, para acabar echando mano del habitual argumento de que mientras no condene a ETA no puede «dar lecciones» sobre los derechos humanos.

Después intentó convencer a la Cámara autonómica de que el Estado ya respeta el derecho a la salud de los presos, sin atender a datos como el ofrecido por Julen Arzuaga de que en los últimos diez años han muerto 1814 presos en la cárcel.

El último esfuezo de Nerea Llanos fue para acusar al PSE de contribuir a desacreditar la calidad del Estado español como si fuera un Estado bananero. Les acusó de tener síndrome de Estocolmo y haberse dejado abducir por los nacionalistas en el programa de gobierno y por EH Bildu en esta materia.

Lakua, PNV y PSE saludan esta vez un paso de EH Bildu en Errenteria

Errenteria es referencia en el impulso a la reconciliación y la convivencia desde hace ya más de cuatro años, con el liderazgo del alcalde de EH Bildu, Julen Mendoza. Fue en marzo de 2013 cuando se celebró allí el ciclo de cine y mesas redondas Eraikiz, que implicó a víctimas de los dos lados, y desde entonces se han desarrollado múltiples iniciativas en la misma dirección. En esta secuencia encaja el acto de reconocimiento tributado a tres víctimas de ETA en la localidad, celebrado anteayer noche. La novedad añadida estuvo en la repercusión: contrariamente a lo que ha ocurrido ante otros posicionamientos de EH Bildu en estos años en materia de víctimas y reconocimiento del daño, esta vez el Gobierno de Lakua, PNV y PSE optaron por reconocerlo y ponerlo en valor.

El más expresivo fue el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que en entrevista con ETB-1 lo calificó como «el gesto más importante en los últimos años por parte de la izquierda abertzale». Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia de Lakua, y el parlamentario del PSE Eneko Andueza también lo aplaudieron, aunque matizando que esperan que sea seguido por otros ayuntamientos, en los que obviamente el ritmo de los avances en esta materia es sustancialmente menor.

En la línea de discurso marcada por portavoces como Arnaldo Otegi ya hace años y que hasta la fecha no se había reconocido, Mendoza trasladó a estas víctimas de ETA que «si en algún momento este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente, o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir».

El acto reconoció a José Luis Caso y Manuel Zamarreño, ambos concejales del PP muertos en 1997 y 1998, y al policía municipal Vicente Gajate, fallecido igualmente en atentado de ETA en 1984. Sus familiares glosaron sus figuras.R.S.