ELA y LAB arremetieron ayer contra la política industrial del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, especialmente por la pretensión de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no asumir responsabilidad alguna con lo que está sucediendo en empresas como General Electric, Xey, Cel, La Naval o Edesa Industrial. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, comentó que hay hasta una docena de compañías en «alto riesgo» de cierre o deslocalización.

ELA, que hizo su valoración en una rueda de prensa en Bilbo, reclamó al Gobierno que promueva medidas para evitar el cierre de empresas que son viables pero que tienen problemas de liquidez a corto plazo. Peio Igeregi, responsable de Negociación Colectiva y Política Industrial, incidió en que detrás a la amenaza de pérdida de cientos de empleos está la «falta de política industrial y la pasividad» de Lakua. «La única política industrial es ponerse a las órdenes de las multinacionales. Venden nuestro país como si fuese un territorio low-cost», indicó, acusando a continuación al PNV de haber creado «un paraíso fiscal para atraer multinacionales desalmadas».

ELA apuesta por incrementar la inversión pública en los «sectores estratégicos», de modo que la creación de empresas no esté en exclusiva en manos de multinacionales. Esos «sectores estratégicos» deben responder «a las necesidades de las clases populares de Euskal Herria» y la creación de riqueza no puede ir en perjuicio de la naturaleza.

No pasó por alto los casos de Xey o Cel, de las que el Gobierno ha retirado su inversión. Y censuró otros como los de Gamesa, Euskaltel, ITO, Cementos Lemona o Naturgas, nacidas con impulso público y privatizadas con el «aplauso» de Tapia, a quien acusaron de «hacer mucha propaganda» y «dar por buenos los planteamientos patronales».

Igeregi reivindicó «empresas que aseguren condiciones de trabajo dignas», necesitando para ello «una entidad financiera pública potente». «La privatización de Kutxabank es muy grave y su decisión de desinvertir en empresas vascas es muy preocupante», añadió, apostillando que esa entidad debería jugar un papel decisivo en «la supervivencia de empresas que están a punto de cerrarse».

En otra comparecencia ofrecida por LAB, también en Bilbo, Garbiñe Aranburu manifestó que «no se puede respaldar a una clase empresarial cuya política es precarizar y empobrecer a los trabajadores a pesar de que su actitud implica tener que invertir recursos públicos». «A la patronal no hay que darle dinero público a cambio de ningún compromiso porque, si no, pasa lo que ha ocurrido la semana pasada: que varias empresas deciden marcharse o cerrar, con lo que en este momento hay miles de empleos en riesgo».

La dirección de CNA-Fagor plantea el despido de 30 trabajadores

El comité de empresa de Edesa Industrial abandonó ayer la primera reunión sobre el ERE de extinción que la compañía ha planteado para el área de lavado y que afecta a una treintena de trabajadores. Y anunció una «confrontación absoluta» con CNA hasta que no ponga fin a los «métodos oscuros y confusos» que usa.

El comité recordó que ya existe un ERE de suspensión con validez hasta octubre y se negó a aceptar una decisión aislada cuando aún desconoce el plan de viabilidad. GARA