La resolución del tribunal ha tomado en consideración una denuncia interpuesta por el ELA, convocante de la huelga. El sindicanto estima que la patronal del sector y la Diputación de Bizkaia «quieren minimizar el impacto de la huelga».

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que «la dirección de Caser tomó la decisión de que fuesen las huelguistas las que cubriesen las situaciones de baja, licencias, permisos que se generasen, pretendiendo que en su centro de trabajo no quedase personal huelguista».

ELA ha destacado que esta residencia de Artxanda es «uno de los grandes centros residenciales de Bizkaia, con más del 75% de las camas financiadas por Diputación» y cuenta con un seguimiento de la huelga «total».

ELA ha anunciado que «no cesará en la movilización, reivindicación y lucha junto al resto de colectivos que apoyan a las trabajadoras, que cuentan con el apoyo trasladado por la sociedad vizcaina». «La solución está en manos de la Diputación, que financia el 70% de las camas del sector y que, tras 215 días de huelga y 17 meses de conflicto, sigue mostrando un claro desapego hacia un servicio social fundamental», ha insistido.