El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno español que expira la próxima semana, pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas.

En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de Garoña, al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales citadas por Europa Press.

Esta propuesta de presentar el desestimiento inmediato al Ministerio de Energía surge de un escrito consensuado entre ambas compañías basado en esta «inviabilidad económica» de Nuclenor, indican las mismas fuentes.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear.

De todas maneras, Nuclenor tendrá siempre el veredicto final sobre el futuro de Garoña sea cual sea la decisión de Madrid. En todo caso, no podrá desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones, según informó este viernes el diario ‘Cinco Días’.

Diferencias en Nuclenor

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. Ya el pasado mes de abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo.

El distanciamiento entre Iberdrola y Endesa ha quedado más que manifiesto en los últimos tiempos en las figuras de sus respectivos presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado.

Así, en la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable.

Por su parte, Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear.

Alegaciones del Parlamento

Por su parte, el Parlamento de Gasteiz ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

La coalición ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio que puedan derivarse en este sentido.

Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña».

En este sentido, acordó interponer recurso a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 8 de febrero de 2017 que posibilita la reapertura de Garoña.

«Con ese fin los servicios jurídicos de la Cámara presentarán tal recurso en el órgano correspondiente, para anular la citada resolución», señalaba el texto aprobado.

EH Bildu ha anunciado que este viernes 21 de julio, al finalizar el plazo, el Parlamento ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN.

Castilla y León

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio la continuidad de Garoña y que sea hasta el 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el CSN para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado en declaraciones a los periodistas que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del CSN, su apuesta es la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que además de cerrarse permanentemente supondría «un lastre grande» en la economía regional y estatal.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto estatal como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad».

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la división dentro de los dos propietarios de Nuclenor sobre la continuidad o no de la actividad de la central es algo «ajeno» a la Junta, ya que es el Ministerio el que debe decidir sobre el asunto.