Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos de los principales líderes opositores venezolanos, volvieron a ser encarcelados. Hasta el momento se encontraban en régimen de prisión atenuada. El Tribunal Superior de Justicia revocó esta situación (TSJ) debido a que ambos políticos habían violado la prohibición de realizar pronunciamientos públicos. Además, los jueces aseguraron que se había detectado un plan de fuga. Ambos habían llamado en las jornadas previas a movilizarse contra la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente.

«No decaigamos nunca». El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, había grabado un vídeo poco antes de ser arrestado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que lo trasladaron a la prisión de Ramo Verde. Allí permaneció desde 2014 hasta el 8 de julio de este año, cuando fue trasladado a su domicilio para cumplir la pena de 14 años a la que fue condenado por «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir». En la misma cárcel militar se encuentra Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, que fue arrestado y encerrado en 2015 pero conducido a su domicilio cuatro meses después. El domingo, este publicó un vídeo en el que criticaba a sus compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por haber actuado con «secretismo» ante las protestas contra la Constituyente.

Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular y estrecho colaborador de López, consideró que «se los llevan para meternos miedo y desmoralizarnos».

El regreso a prisión de los dos opositores incrementó la presión internacional contra el Ejecutivo venezolano, ya de por sí cuestionado desde el exterior. La ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al-Hussein, instó al Ejecutivo bolivariano a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión». En la misma línea se expresó la Unión Europea y organizaciones como Amnistía Internacional.

Los arrestos se producen en medio de una dura campaña internacional contra Venezuela. EEUU no reconoce los resultados del domingo, cuando más de 8 millones de personas votaron a la Asamblea Constituyente, según datos del Consejo Nacional Electoral y ha aplicado sanciones contra Nicolás Maduro. Además, la Administración Trump no descarta imponer castigos al petróleo venezolano, que supone la base de la economía del país caribeño.

La Constituyente y la Asamblea de 2015, dos cámaras y una sede

A falta de dos días para que tomen posesión los miembros de la Asamblea Constituyente, se incrementa la tensión en el Palacio Legislativo. Se supone que allí será donde los nuevos delegados juren su cargo. Al mismo tiempo, los representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 (que tiene mayoría opositora) aseguran que no tienen previsto abandonar sus escaños. Es decir, que existen dos asambleas y un único lugar para reunirse. El Gobierno considera que, tras haberse aprobado una Constituyente, el Parlamento previo pierde validez. Algo que los opositores rechazan, ya que ni siquiera dan por válido el resultado de las urnas de este domingo. Las tensiones han provocado grietas también en el chavismo. Tres diputados que concurrieron bajo las siglas del Gran Polo Patriótico, el paraguas bajo el que se presentan los bolivarianos, abandonaron sus filas y se pasaron a la oposición. Aseguran seguir siendo revolucionarios, pero no compartir la forma con la que Nicolás Maduro ha gestionado la crisis de los últimos años. Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Téllez formarán parte ahora de una fracción socialista que sí participa en el Congreso. El chavismo abandonó la Cámara hace meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia declaró en desacato a los parlamentarios.A.P.