La Guardia Civil emitió el miércoles un comunicado relatando la detención de tres jóvenes de Corella por haber golpeado a un guardia rural. Los arrestados tenían 19, 22 y 26 años. No le pegaron por error, le pegaron por ser guardia civil pero todo se va a quedar, como mucho, en un delito de atentado contra la autoridad que se resolverá con una multa de 3.000 euros. Citando textualmente el comunicado de este cuerpo la agresión se produjo «como consecuencia de su desempeño profesional, ya que en los últimos meses ha procedido a efectuar varias denuncias y actuaciones contra las personas detenidas y su entorno familiar».

Este hecho pudiera ser intrascendente, pues las agresiones a agentes de cualquier cuerpo se suceden con asiduidad. Ese mismo día, en Barillas un hombre que conducía borracho intentó golpear a un policía foral que lo interceptó y, en Tutera, un joven de 24 años pegó a otro agente de ese cuerpo «causándole heridas superficiales en un brazo, contusiones en codo, pierna, mano y muñeca».

No obstante, tres jóvenes navarros sin antecedentes están presos por hechos similares. Siguiendo la argumentación del Tribunal Supremo, en Altsasu pegar a un guardia puede constituir terrorismo, porque el nuevo artículo 573.1 del Código Penal señala como posible acto de este tipo una agresión cuando el objetivo es «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».

A decir verdad, la sentencia del TS que determina que los de Altsasu han de ser juzgados en la Audiencia Nacional no desarrolla demasiado en qué se diferencia esa agresión de las de este martes. Lo único que añade es que a un arrestado se le relacionada «indiciariamente» con organizaciones orientadas a expulsar a la Guardia Civil de Euskal Herria, una reivindicación política muy popular en Altsasu. Y una sutil diferencia que se traduce en 50 años de cárcel.