Va por delante el contexto: Eulen Seguridad es una multinacional con fuertes lazos con el PP –Jaime Mayor Oreja ha estado vinculado a ella y la hermana del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la dirige en su tierra– que desde hace un año gestiona los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat. Es decir, es una empresa subcontratada por Aena. Sus trabajadores denuncian jornadas de hasta 14 horas por falta de personal y un sueldo precario que llega de media a los 900 euros. Tras semanas de protestas diversas, que han generado colas de más de dos horas en los controles de seguridad del aeropuerto, ayer iniciaron una huelga parcial ante el nulo interés de la empresa o de la propia Aena por solucionar el problema.

Solo ayer, con colas de dos horas de nuevo y con el anuncio de una huelga indefinida a partir del 14 de agosto, decidieron sentarse a negociar, sin alcanzar al cierre de esta edición ningún acuerdo, pero manteniendo viva la mesa de negociación.

Pero en un momento de evidente tensión entre el Estado español y las instituciones catalanas, no son pocos los que denuncian las implicaciones políticas de un conflicto que supera lo estrictamente laboral. No en vano, la imagen del aeropuerto colapsado –es el único de los 27 que gestiona Eulen con un conflicto laboral abierto– está propagándose rápidamente por los medios de toda Europa.

Inhibición del Estado

Así lo sugirió al menos, de forma bastante directa, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que denunció la existencia de una «inhibición gravísima» por parte del Gobierno español y de Aena, ya que no han participado «en las tareas de mediación». «Sería lógico que la Guardia Civil, en vez de buscar urnas, se concentrase a garantizar que haya un funcionamiento adecuado en el aeropuerto de Barcelona», consideró Rull, que también manifestó la queja por «una hiperpresencia del Gobierno español para combatir el 1-O y una ausencia clamorosa a la hora de gestionar el día a día».

Además de por los vínculos entre Eulen y el PP, la sospecha sobre el interés del Estado en afectar el normal funcionamiento del aeropuerto del Prat viene alimentada por el hecho de que no es la primera vez en los últimos meses en que las colas se adueñan de la vital infraestructura. La diferencia es que las veces anteriores –el pico se produjo en mayo– las colas se produjeron por la falta de efectivos de la Policía española en el control de pasaportes.

Algo que entonces llevó ya al president de la Generalitat a calificar de «inadmisible» la situación y a reclamar el traspaso de la competencia aeroportuaria, ahora en manos del Estado.