La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela en el que denuncia que las Fuerzas de Seguridad habrían «maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y detenido de forma arbitraria a al menos 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron torturas durante su arresto o reclusión».

El informe, recabado con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia –desde Ginebra y Panamá– «ante la negativa del Gobierno a darnos acceso al país», señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales.

«La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos corresponde a los más altos niveles del Gobierno«, denunció el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Los entrevistados –víctimas, doctores, abogados, periodistas y paramédicos– «relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones, en muchos casos a corta distancia» y denunciaron a su vez «el uso de fuerza letal contra los manifestantes».

Siempre según el informe, de las 124 victimas mortales –ayer mismo se reportó la muerte de un joven manifestante en Lara–, 73 habrían mierto a manos de las Fuerzas de Seguridad o grupos afines. «Según el análisis del equipo de investigadores, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos’, serían responsables de otros 27 fallecimientos», especificó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, al presentar el informe en una rueda de prensa.

Consultada sobre el resto de las muertes, respondió que «aún no está claro quién las perpetró», aunque reconoció violencia por parte de manifestantes. «Pero esto no justifica en forma alguna la represión generaliza y sistemática llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad, insistió.

Shamdasani, quien dio versimiliud a las denuncias de torturas y aseguró que un millar de personas siguen detenidas, denunció asimismo la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, y la enmarcó en lo que consideró como la «ruptura del Estado de Derecho en Venezuela».

La Constituyente celebra en el hemiciclo su segunda sesión

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, electa el 30 de julio, inició ayer su segunda sesión para definir su funcionamiento, tras haber tomado los espacios del Parlamento hasta ahora controlados por la oposición. Aunque los constituyentes se conformaron como cámara el pasado sábado en el Salón Elíptico del palacio, es la primera vez que usan uno de los hemiciclos. Poco antes, la Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada de diputados opositores que pretendían celebrar una de sus sesiones, justamente en rechazo a la instalación de la Constituyente

Los constituyentes comenzaron a debatir las normas de funcionamiento del cuerpo integrado por más de 500 asambleístas y con poderes para redactar una nueva Constitución. Además aprobó un acuerdo en respaldo y solidaridad con el presidente, Nicolás Maduro frente a las agresiones imperialistas, y otro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tras el asalto a uno de sus cuarteles.GARA