Disponer de un piso en Donostia y alquilarlo a turistas se ha convertido en una tentación más que golosa para todo tipo de particulares y sociedades, en un doble contexto de boom de esta forma de pernoctación y de escaso control hasta ahora. Y en esta tentación ha caído incluso el Arzobispado de Toledo: dos pisos de su propiedad han recibido orden de clausura, que ha sido recurrida y posiblemente por ello aún no ejecutada, desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia.

Obviamente puede tomarse como una mera anécdota en un cuadro amplio en que solo en Donostia existen más de 800 pisos inscritos y un número quizás doble de ilegales. Pero el caso resulta relevante, tanto por quién es el propietario de las viviendas como por el hecho de que efectivamente están inscritas en el registro de Lakua pero no superan los requisitos de la ordenanza municipal, una situación bastante frecuente a tenor de lo apuntado anteayer en Radio Euskadi por el consejero de Turismo de Lakua, Alfredo Retortillo.

De hecho, ese registro legal es el motivo esgrimido por el Arzobispado en sus alegaciones. Manifiesta que los pisos figuran correctamente en el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos del País Vasco. Sin embargo, las viviendas –ubicadas en la calle Txurruka, en pleno centro de Donostia, entre la Plaza Gipuzkoa y la Avenida de la Libertad– no cumplen el requisito de estar ubicadas en el primer piso, sino en plantas superiores. Cabe apuntar aquí que, según el teniente de alcalde, Ernesto Gasco, la futura ordenanza suprimirá esta limitación.

GARA intentó recabar ayer la versión del ecónomo del Arzobispado, Anastasio Gómez Hidalgo –que es quien firma las alegaciones–, tanto sobre el motivo de que la institución recurra a estas operaciones inmobiliarias como al tipo de turismo que acogen los pisos. Pero desde el Arzobispado se indicó que Gómez no se encuentra en la oficina estos días y no había otra persona capaz de atender la consulta. En cualquier caso, en las alegaciones la prelatura toledana reconoce la titularidad de los pisos y no desmiente los hechos, aunque sí defiende que lo ve como «actividad legítimamente desarrollada».

Dado que el Arzobispado de Toledo tiene una política más transparente de lo habitual en la Iglesia respecto a sus cuentas, se pueden encontrar informaciones de los últimos años que aluden a dificultades económicas. Por ejemplo, a una deuda de 14 millones de euros contraída en 2009 para acometer una serie de obras y de la que en 2015 había satisfecho algo más del 50%. En 2016 se detalló un déficit del 2,48% sobre unos ingresos totales de 12,4 millones de euros.

En la rueda de prensa en que se explicaron estas cuentas, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, apuntó que el concepto de que el mantenimiento de la Iglesia depende del Estado «es muy antiguo», defendió la importancia de las aportaciones de cada católico y destacó su transparencia «en lo que recibimos y lo que gastamos, porque no tenemos nada que ocultar».

Medidas tardías

Al margen de la peculiar titularidad de estos pisos, queda claro que son solo una gota en un mar caracterizado hasta ahora por la falta de control municipal. Algunas estimaciones apuntan a que podría haber en Donostia unos 1.500 pisos turísticas sin registrar siquiera, que se sumarían a los que sí están inscritos pero no cumplen la ordenanza municipal –como es este caso, a la espera de cómo concluya el expediente–.

Ante el incremento de críticas vecinales y de otros colectivos, que inciden en el impacto negativo de este descontrol sobre el precio del alquiler para los residentes, el Ayuntamiento parece haber incrementado algo la labor de inspección y sanción, y habla ya de en torno a 150 pisos cerrados. En Barcelona se han clausurado 2.300 este último año.