En su artículo hablan de «la actitud de un Gobierno que se limita a referirse a la operación como un elemento más de la ‘herencia envenenada’ y a tachar de imposibilidad jurídica y económica, lo que no es más que un inmovilismo consciente, e incluso interesado».

«Las excusas constantemente alegadas por Geroa Bai para oponerse a la anulación de la operación no nos son suficientes y la advertencia de los 44 millones de indemnización que pesarían sobre las arcas públicas para lograrlo no nos intimida, ni nos acalla», afirman.

En ese sentido apuntan que, al margen de que consideran «viable y factible proceder a una impugnación judicial de semejante cuantía», intuyen que las pérdidas que la ciudadanía sufriría como consecuencia del «despojo» de parte de su «patrimonio material e inmaterial derivado de esta operación serían, sin duda, mucho más elevadas que la cifra citada».

Ambas aseguran haber asistido «atónitas e indignadas» al «despliegue de argumentos, principalmente de índole económica» que el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, esgrimió tras el anuncio de la licitación de las parcelas.

En el artículo hacen referencia también a una carta del presidente de UPN, Javier Esparza, publicada recientemente, en la que, según subrayan, muestra su «temor» por el hecho de que el Ejecutivo navarro «logre obtener rédito político» por este proyecto, que, «se afana en recordar que es ‘su’ proyecto».

Le responden diciendo que «no cabe orgullo que mostrar» frente a lo que consideran una «absoluta aberración urbanística, social, cultural y medioambiental» para Nafarroa.

Remarcan que, en su opinión, el debate público «no debe quedar circunscrito a las cuestiones meramente económicas, a pesar de que este sea el principal y más vigente objetivo del Ejecutivo, pues ello desvirtúa del origen del proyecto y su naturaleza, obvia sus terribles consecuencias y no permite explorar las posibles vías de anulación del mismo».

Berro y Otal señalan en ese sentido que «la última causa que en su día permitió sacar adelante este Plan fue la declaración de la actividad docente de los Salesianos en Pamplona-Iruña como de ‘interés general’ para toda la ciudadanía».

Y esta declaración de «interés general», según apostillan no ha sido en ningún momento puesta en entredicho por Geroa Bai, pese a que el acuerdo programático suscrito por las cuatro fuerzas que sustentan «el cambio» en Nafarroa pasa por «fomentar y potenciar una educación pública mermada y desgastada por UPN, con la complicidad del PSN, en años anteriores».

«Una posición firme en torno a la inexistencia de semejante interés tras el proyecto hubiera permitido la apertura de cauces más ágiles y eficaces para proceder a su anulación», apuntan, tras lo que concluyen que «opciones había, pero no se quiso», por lo que concluyen que «nada cambia».