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Miles de personas clamaron ayer en Argentina y en ciudades de diversos países, incluida Bilbo, por la aparición con vida del activista Santiago Maldonado, cuando se cumple un mes de su desaparición el 1 de agosto durante una protesta mapuche de la comunidad Lof Cuchamen, en el pueblo de Esquel, provincia de Chubut, que fue reprimida por la Gendarmería Nacional.
El joven artesano de 28 años acudió a solidarizarse con el pueblo mapuche y desapareció tras la intervención de la Gendarmería, una fuerza de doble carácter militar y policial que custodia las fronteras de Argentina. Según relataron testigos presenciales, Maldonado salió corriendo hacia el río cuando intervinieron los policías, siguiendo a los mapuches que participaban en la protesta, pero no llegó a cruzarlo, y después vieron que los agentes cargaban a una persona en una camioneta. Desde ese momento no se volvió a ver al joven argentino.
En Argentina, las organizaciones de derechos humanos culpan a la Gendarmería de la desaparición de Maldonado y comparan el hecho con las prácticas de la última dictadura militar (1976-1983), cuando se produjo la desaparición de 30.000 opositores al régimen. Organizaciones políticas y sociales convocaron ayer en el país una movilización para denunciar la responsabilidad del Estado en esta desaparición y exigir la aparición de Maldonado. La protesta se extendió a otros puntos del planeta, entre ellos Bilbo.
En la concentración realizada en la capital vizcaina, convocada por miembros de la comunidad argentina y a la que se sumaron organizaciones interna- cionalistas y en sindicato LAB, entre otros, participaron decenas de personas corearon consignas como «Santiago, non dago?», «Benetton boikot, Benetton kanpora» y «Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables». Durante el acto, en el que se hizo un relato de los hechos y de las iniciativas realizadas hasta ahora, se denunció el intento de la autoridades argentinas de criminalizar la solidaridad en el marco de la represión del pueblo mapuche y se responsabilizó de lo ocurrido al Gobierno de Mauricio Macri y, en concreto, de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró ayer «doloroso» que organismos humanitarios comparen el «caso Maldonado» con «procesos de la dictadura».
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