El Gobierno de Nafarroa entiende que de la revisión interna de los expedientes de las subvenciones concedidas y del informe realizado sobre la materia por la Cámara de Comptos, «la financiación irregular» con fondos públicos de esta infraestructura podría ser «constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa».

La decisión ha sido dada a conocer por María Solana, portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont.

Tras analizar los expedientes de los departamentos así como el informe de Comptos, el Ejecutivo entiende que se produjo una «doble financiación en la construcción de la planta de biometanización; al Ayuntamiento de Ultzama, por parte de Desarrollo Rural, y a Bioenergía Ultzama S.A., por parte de Desarrollo Económico».

Según la documentación referida, la empresa habría pagado 1.138.837,78 euros, IVA excluído, por encima del coste del proyecto. La empresa abonó ese importe al Ayuntamiento de Ultzama, quien a su vez lo abonó a otra sociedad mercantil, y luego pagó el 100 % de los gastos de construcción a otros proveedores. Todo ello sin que existiera constancia de una modificación del proyecto de inversión que se presentó para obtener las subvenciones.

El Ejecutivo de Uxue Barkos considera que a las posibles irregularidades «contribuyó el entramado societario en torno a la planta de biometanización». Recuerda asimismo que, según el informe emitido por la Cámara de Comptos en abril de este año, se detectaron «incumplimentos graves» de la normativa de contratación pública por parte de los responsables del Ayuntamiento de Ultzama, así como una «doble facturación en la construcción de la planta de biogás, dándose el caso de que empresas distintas llegaron a cobrar por el mismo concepto».

Así, añade, el órgano fiscalizador se dirigió a la Fiscalía Superior de Nafarroa apreciando indicios de responsabilidad penal, derivados, además, en un perjuicio importante para los fondos públicos. El Ministerio Público archivó sus investigaciones sobre este asunto y, en su escrito, el fiscal admitía que se cometieron actos contrarios a la legalidad, pero añadía que eso no constituye un delito penal

Paralelamente, el incumplimiento de los requisitos en materia de subvenciones motivó que los departamentos de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y de Desarrollo Económico solicitasen el reintegro de las cantidades aportadas a la construcción del proyecto.