Así lo ha acordado en un auto la magistrada instructora de la querella, a raíz de las peticiones de medidas cautelares que formuló en ella la Fiscalía Superior de Catalunya.
La magistrada considera que «no ha lugar, por el momento», fijar fianza a los querellados para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, tal y como solicitaba la Fiscalía para asegurar responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso penal abierto.
La jueza ha ordenado a la Guardia Civil que adopte las medidas técnicas oportunas para deshabilitar la web del referéndum e identificar qué medios de comunicación con sede en Catalunya –a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio– han insertado publicidad institucional sobre el 1-O.
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