Una decisión marco de 2008 obligaba a los estados a descontar a los presos condenas cumplidas en otros estados. Era de obligada trasposición a la legislación interna, pero Madrid no lo hizo hasta 2014 e introduciendo además una artimaña que en la práctica ha supuesto negar este derecho a los presos vascos. Desde entonces Bruselas sigue el asunto y ahora, ante una pregunta de Josu Juaristi (EH Bildu), concreta que ha hecho una «valoración preliminar» en la que «no se ha puesto de manifiesto ninguna carencia importante en su aplicación».

Añade a ello el matiz de que «seguirá observando la evolución de las cuestiones relacionadas con la trasposición de este instrumento», tras lo que Juaristi se compromete a «seguir insistiendo». El diputado europeo de EH Bildu recuerda que son muchos los presos y presas vascas afectados por esta cerrazón, algunos de los cuales podrían quedar libres ya y otros ver reducidos sus cumplimientos de condena. «EH Bildu tiene la convicción de que el Estado español no está aplicando correctamente la normativa europea y que se están vulnerando derechos fundamentales de los presos y presas vascas. Y eso lo tiene que saber la comunidad europea».

Recuerda Juaristi, al hilo de ello, que el asunto estaba recogido en el informe elaborado por siete diputados y diputadas europeas de tres grupos parlamentarios distintos sobre los derechos humanos de los presos vascos, presentado en Bruselas en abril de 2016.

Mientras, el tema también está sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dados los recursos planteados por Alberto Plazaola, Santi Arrozpide o Francisco Mujika Garmendia contra esta negativa a descontar condenas.