PP y Ciudadanos se llevaron ayer un serio revés y no fue en Catalunya. El PSOE decidió alinearse junto a la oposición y votó en contra de la Proposición de Ley presentada por Albert Rivera, con la que esperaba plasmar el apoyo del Congreso de los Diputados a la estrategia represiva del Gobierno y de los aparatos del Estado contra el 1-O. Se abrió así la primera grieta en el monolítico apoyo que el PSOE había brindado hasta ahora al Gobierno de Mariano Rajoy, visualizándose además una aritmética parlamentaria que habrá que seguir de cerca en próximas citas.

No se notó ningún cambio, sin embargo, en Catalunya, donde la dinámica –aunque un escalón más arriba– sigue siendo la misma. El camino hacia el 1-O es a ratos es una partida de ajedrez, y a ratos un juego de trileros. O todo a la vez. Porque miente Montoro cuando niega que la intervención de las cuentas por orden ministerial sea una suspensión de la autonomía de facto, y miente Junqueras cuando dice que el Estado no puede tomar el control de las finanzas de la Generalitat. Contar la realidad catalana, en el supuesto de que exista, se está convirtiendo en una odisea, ya sea porque los actores en juego esconden sus cartas –lógico– o porque hay aspectos que escapan al control de sus protagonistas. Estamos en territorio desconocido.

Del reguero de titulares de ayer cabe rescatar tres apuntes. Primero: los alcaldes que dan apoyo al 1-O empezaron a desfilar ante los fiscales, acudiendo a su llamado pero acogiéndose a su derecho a no declarar. Ayer fueron tres y hoy serán una recua, entre ellos el de Sabadell, de la CUP, que no acudirá. Habrá que seguir de cerca la respuesta de la Fiscalía, que podría ordenar su detención. Para saber cómo lo están viviendo los alcaldes, no dejen de pasar la página y leer el reportaje de Ion Salgado. Segundo: incautación de notificaciones de mesas electorales y posterior resistencia pasiva de ciudadanos. Y tercero: la incógnita sobre quién controlará las finanzas de la Generalitat en los próximos días. Vayamos por partes con estas dos cuestiones.

Salto cualitativo en Terrassa

La Guardia Civil madrugó ayer para realizar dos nuevos registros en sedes de la empresa de mensajería Unipost en Hospitalet de Llobregat y Terrassa. En este último registro, iniciado sin la pertinente orden judicial, el instituto armado encontró por fin algo más que simples carteles propagandísticos. Según publicaron medios catalanes, requisaron notificaciones de Mesa, es decir, las cartas con las que el Govern informa a los ciudadanos que han sido escogidos por sorteo como miembros de una mesa electoral.

Es un salto cualitativo al que ayer el Govern trató de quitar hierro. «Ante cada nuevo obstáculo, una solución», dijo el portavoz, Jordi Turull. «Claro que habrá referéndum, los ciudadanos votarán el 1 de octubre», remató el vicepresident, Oriol Junqueras. No dieron pistas, sin embargo, sobre las alternativas que barajan.

Pero el salto cualitativo se dio también en otros sentidos. Para empezar, la Guardia Civil entró en las oficinas de Unipost sin la pertinente orden judicial, por lo que tuvieron que acabar pasando todo el día dentro, a la espera de la autorización judicial que diese barniz legal al registro que ya habían efectuado. Llegó pasadas las 18.oo, pero para entonces decenas de ciudadanos bloqueaban ya el acceso a las oficinas con un muro humano improvisado. La imagen final fue la de los Mossos d’Esquadra –suya es la competencia de orden público– desalojando el muro para abrir paso a la comitiva judicial y, posteriormente, a la propia Guardia Civil. Un retrato poco edificante para el referéndum –¿quién sonrió al ver la imagen?–, pero que sirve para anticipar la tónica de los días que vendrán –los actos de desobediencia tendrán que ir obligadamente en aumento– y para empezar a aclarar ideas sobre el papel de los Mossos. La última palabra sobre ellos, sin embargo, no está todavía dicha.

¿Quién controla las cuentas?

Al cierre de esta edición, todavía las controlaba la Generalitat, pero no está nada claro en manos de quién van a estar en las próximas horas, agotado el plazo que Hacienda dio al president, Carles Puigdemont, para firmar un acuerdo de no disponibilidad que supondría la entrega voluntaria del control de las cuentas catalanas al Estado.

Ayer el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso presentado por el Govern contra la orden ministerial de Hacienda, algo que Junqueras interpretó como una suspensión cautelar inmediata de la medida, alegando la jurisprudencia existente en el propio Supremo. Pero el Tribunal se encargó de enmendar la plana a Junqueras. Si no hay un auto que suspenda expresamente la medida –y no lo hay–, ésta sigue en vigor. El control de las finanzas, por tanto, podría ser tomado por Hacienda –que controla el grueso del dinero de Catalunya– en las próximas horas, aunque hay cabos sueltos de gran importancia.

Por ejemplo, Junqueras dio a entender que no entregarán a Hacienda el listado de nóminas a pagar y que seguirán «cumpliendo con sus funciones con total normalidad» –Montoro le había pedido el listado para hacerse cargo de los pagos–. Igualmente, no queda tampoco nada claro el papel de los bancos en los que la Generalitat tiene el grueso de sus depósitos –Caixabank y BBVA–. El lunes Montoro les dio las primera instrucciones para bloquear las cuentas del Govern –incluido el control sobre las tarjetas de miembros del Ejecutivo catalán–, mientras que ayer Junqueras envió «por vía administrativa y por vía notarial» un amable recordatorio a las entidades financieras sobre sus obligaciones respecto a la Generalitat.

Sea como sea, desde el Govern se aseguraba ayer que, debido a obstáculos administrativos, la intervención de las finanzas, si se acaba produciendo –tal y como todo indica–, no será hasta dentro de unos días.

La supuesta corrupción irrumpe en la campaña

La Guardia Civil irrumpió ayer también en una quincena de empresas de las comarcas de Girona, en el marco de una investigación sobre supuestos contratos fraudulentos en el sector del agua. Entre los ayuntamientos implicados estaría el de Girona, tanto en la época del PSC y como en la del ahora president, Carles Puigdemont.GARA