Pleno de Política General, inicio oficial del curso parlamentario en la CAV, al día siguiente de que el Estado ocupara Consejerías de la Generalitat con la Guardia Civil y detuviera a catorce altos cargos por pretender celebrar un referéndum. Mal ha empezado Iñigo Urkullu. Ha añadido un prólogo al discurso preparado, con el título de «reflexión inicial del lehendakari sobre el conflicto en Cataluña». Ni una sola palabra de solidaridad con los detenidos por pretender ejercer la democracia ni con el Govern que ha visto ocupados sus edificios por hombres armados. Ni una sola crítica explícita al Gobierno del PP. Llamamientos al diálogo y a la resolución negociada de los conflictos políticos, como si las culpas del «enfrentamiento agonístico» se repartieran por igual entre ambas partes.

Sabido es que a Iñigo Urkullu no le gusta la vía catalana. Tampoco le gustaba el Acuerdo de Lizarra-Garazi. Pero eso entra en el terreno de las ideas y cada cuál tiene las suyas, y las del lehendakari –no se puede negar– son las más votadas. Pero lo llamativo es que Urkullu apele una y otra vez al principio de realismo y hoy diga ante el pleno del Parlamento (en euskara, eso sí) que en las relaciones de la CAV con el Estado «se ha abierto un escenario nuevo» en comparación con la «imposición, cerrazón y recentralización que se impusieron en la pasada legislatura». Ahora «la bilateralidad ha recuperado parte de su terreno». Sí, sí. El lehendakari habla del avance de la bilateralidad al día siguiente de que el Estado ocupe con sus armas la Generalitat porque no acepta lo que la mayoría de catalanas y catalanes propone.

Claro que el concepto de bilateralidad que maneja Iñigo Urkullu es muy especial: pone como ejemplo de ello los acuerdos con el Gobierno español en la Comisión Mixta del Cupo y en la Junta de Seguridad. En la primera, para la negociación del Cupo en la que Madrid maneja los tiempos a su antojo. En la segunda, para que el Ejecutivo español permita a la Ertzaintza tener el número de agentes que ya se pactaron en 2004, una concesión de Cristóbal Montoro que no es específica con el Gobierno vasco, sino extendida al resto de policías autonómicas.

La bilateralidad con el Estado español no existe. Ni existe hoy ni existía cuando gobernaba el PSOE y se rechazó de plano y sin debate el Nuevo Estatuto aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento de Gasteiz. Lo que existen son coyunturas en las que el partido en el Gobierno español necesita apoyos y se aviene a conseguirlos negociando con el PNV. Que aprobados los presupuestos luego cumpla lo pactado es otra cosa. De hecho, muchas de las transferencias todavía pendientes ya tenían un calendario de ejecución pactado con Zapatero que nunca se cumplió.

Por lo tanto, cualquier planteamiento de vía vasca de autogobierno que pretenda basarse en esa supuesta bilateralidad no obedece al principio de realidad. Y si Iñigo Urkullu no apuesta por la independencia no es porque lo considere irreal, sino porque no es su proyecto político.