Esta cantidad responde a los gastos de la organización del referéndum unos 4,8 millones de euros más los intereses generados desde la fecha de celebración de la consulta hasta hoy, que suponen alrededor de 0,4 millones de euros, han concretado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC).

Fuentes del Tribunal han asegurado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.

Asimismo, fuentes del Tribunal han explicado que los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser «solidaria», es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero los demás habrán de responder por él.

Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

La fianza más elevada sería la impuesta a Ortega, de unos 3 millones de euros, mientras que la de Homs sería de 2,1 millones, y la de Ortega, de 0,8 millones, han explicado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), que instó a que se incoara el expediente.

De acuerdo con estas fuentes, está por ver si se mantendrán esas cantidades porque puede haber alegaciones e incluso puede haber liquidaciones complementarias que aumenten el cómputo.