Así lo ha afirmado en comisión de Salud, donde ha comparecido a petición de Podemos-Ahal Dugu para explicar los resultados de la auditoría sobre la facturación de las residencias del Grupo Amma en el servicio de gestión de las prestaciones farmacéuticas durante el año 2016.

Domínguez, que ha añadido que «posteriormente se harán las mismas comprobaciones para los años 2013, 2014 y 2015», ha informado que esta auditoría del Servicio de Intervención General de la Administración navarra puso de manifiesto que «en 17 de 21 productos el precio de facturación era superior al precio de compra».

Además, se constató que «se estaba incumpliendo el principio de neutralidad económica», que establecía que «la prestación de la atención farmacéutica por parte de los centros no debe suponer ni un coste adicional ni un ingreso o beneficio económico para ellos».

«La diferencia entre lo facturado en el 2016 por todos los códigos nacionales y los nuevos precios calculados según las facturas aportadas, así como los descuentos comerciales por volumen, ha ascendido a 248.965,13 euros», ha apostillado.

En cuanto a la situación actual se los centros residenciales privados, ha recordado que en 2016 se aprobó una convocatoria de subvenciones para los gastos de funcionamiento para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. «Se autorizó un gasto máximo de 1.364.000 euros por año y un total de 5.456.000 euros para los cuatro años», ha apuntado.

Sin embargo, ha reiterado que el SNS se está replanteando el modelo actual de convenio con los centros sociosanitarios para la prestación farmacéutica.

«Se está valorando un modelo en el que siguen existiendo los servicios de farmacia en estos centros, -ha dicho-, pero en el que es Osasunbidea quien establece los precios de adquisición de los medicamentos necesarios y procede a su distribución a los centros mediante una empresa logística».

De esta forma, «no hay duda del precio de adquisición y son los servicios los que demandan las cantidades a utilizar a la empresa mayorista».

Este modelo, que puede aportar un ahorro anual de 1.150.000 euros, podría estar completamente desarrollado para mediados del año 2018 y conllevará la realización de nuevos convenios con los centros.

La parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu Tere Sáez ha considerado que los casi 250.000 euros suponen una cifra «importantísima» y ha pedido más «audacia» a la hora de revisar.

También Begoña Ganuza, por UPN, ha pedido mayor «transparencia» y una gestión «más eficaz» para que se puedan «controlar mejor los gastos».

Además, ha esperado que con el nuevo modelo no se vuelvan a dar situaciones semejantes, en la misma línea que el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, que ha esperado que en los años venideros «no se dé este desfase» y ha animado a «profundizar en el control de la utilización del dinero público».

También en nombre de EH Bildu, la parlamentaria Bakartxo Ruiz ha destacado la importancia del control sobre estos aspectos y ha apostado por un sistema «transparente», de forma que «ninguna empresa privada se pueda beneficiar en base a un derecho», situación que ha calificado como «grave».

La portavoz del PSN, María Chivite, ha lamentado que «no ha habido ningún control» y que «la gestión farmacéutica era y sigue siendo bastante desastrosa», al igual que, por el PP, Javier García, que también ha pedido un «mayor control del gasto».

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha subrayado que «hay que mejorar el control» sobre las empresas que reciben fondos públicos para la gestión de cualquier actividad. «Además de actuar, hay que prevenir», ha reivindicado De Simón, que ha apoyado la reconsideración de este modelo por haber permitido un «mal uso de los fondos públicos».