«Mostramos nuestro rechazo a la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo y a la solicitud de penas de cárcel de entre 12 y 62 años, que en total suman 375, así como el mantenimiento de de tres jóvenes en situación preventiva de manera arbitraria desde hace diez meses», ha declarado un miembro de las redes cristianas de Nafarroa (Herria Eliza), en nombre de todas las asociaciones suscribientes del manifiesto.

«La calificación penal de los hechos y las desproporcionadas penas solicitadas generan alarma social, en tanto en cuanto superan las penas aplicadas en delitos execrables  no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos», han señalado. Asimismo, han apoyado los tesis de los tres jueces de la Audiencia Provincial de Nafarroa que descartaban indicios de terrorismo en los hechos y sostenían que el juicio debía celebrarse en Iruñea.

Por su parte, Isabel Pozueta, madre de uno de los jóvenes que siguen encarcelados y alejados, ha asegurado que desconoce cuándo se celebrará el juicio, aunque confía en que la fecha de la vista les sea notificada en próximas semanas, quizá en el mes de octubre. Por ello, Altasasuko Gurasoak pidió la a sociedad que esté alerta para próximas convocatorias. Recientemente, han celebrado una asamblea en el pueblo en busca de nuevas ideas de movilización y socialización. Pozueta ha asegurado que su deseo es que el juicio «se celebre cuanto antes, aunque dé miedo». No obstante, ha aventurado también que no lo ocurrido está tan politizado que no se pueden hacer estimaciones ciertas.

Entre las asociaciones firmantes se encuentran, entre otras, grupos como Kontuz, Andrea, SOS  Racismo, el Parlamento Social, la PAH, así como distintas redes memorialistas y peñas sanfermineras.