En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga la causa tras una denuncia de la Generalitat, el fiscal Juan Carlos Padín sostiene que las medidas policiales sí «afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocadas por el Govern». Sin embargo, señala que «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana».

«Personas que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas de los colegios electorales para de forma tumultosa impedir a los agentes policiales intervinientes» cumplir la resolución judicial de impedir el referéndum.

El fiscal entiende que en la jornada del 1-O, en algunos casos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron en «legítima defensa» frente a la intervención de «individuos no identificados que actuaron violentamente» en su contra, y remarca que ambos cuerpos obedecieron la orden judicial de impedir el referéndum.

Tras las cargas policiales para impedir el 1-O, la Generalitat denunció a ambos cuerpos policiales ante el juez al considerar que sus actuaciones fueron «violentas y desproporcionadas» y supusieron una «manifiesta perturbación de la paz pública» y un «claro incumplimiento» de las ordenes judiciales que especificaban que las fuerzas de seguridad no podían afectar a la «normal convivencia ciudadana».

El fiscal ve «imposible» contestar a una «acusación genérica» como la de la Generalitat, En cualquier caso, el ministerio público, en un «ejercicio intelectual», basándose en los datos proporcionados por la Generalitat, remarca que si el 1-O votaron 2.262.424 personas y 893 resultaron heridos, de ello se desprende que un 0,037 % de los votantes resultaron afectados por la «presunta violencia policial».

Además, al haber un único herido grave, el fiscal remarca que ello representa que hubo «un 0,000042 % de individuos afectados por la presunta violencia grave policial».

Para el fiscal, la Generalitat pretende con su denuncia generar una «interesada confusión», para «poner el foco en la presunta violencia de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil para dejar en la penumbra el grave comportamiento de los miembros del gobierno catalán».