En un comunicado, los observadores internacionales han destacado que durante el referéndum catalán se produjeron cargas policiales y se requisó material, y señalan que, «pese a ello, el personal de las mesas de votación se esforzó mucho para tratar de seguir los procedimientos electorales».

Si bien el informe del equipo que lidera Everts apunta que no se han cumplido los estándares internacionales, avisa de que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum «ha reforzado el resultado de la votación».

Los observadores han seguido el proceso del referéndum desde principios de setiembre, y han constatado que «la respuesta del Gobierno español, que pretende respetar el Estado de derecho y proteger la integridad territorial, ha tenido el efecto contraproducente de reforzar el resultado».

«El uso de la fuerza mostrada por la policía española no tiene lugar en democracias consolidadas», subrayan, y destacan que la respuesta del Gobierno central para intentar evitar el referéndum se ha basado en la fuerza.

El informe también analiza el procedimiento por el que se alumbró la ley del referéndum, y señala que se aprobó «incumpliendo una serie de buenas prácticas, como la lectura única, el debate limitado, sin consultar el consejo de garantías y sin una mayoría simple cualificada». Sin embargo, subraya que se reunieron en varias ocasiones con los miembros de la Sindicatura Electoral, que sufrieron amenazas y multas por parte del Estado y los tribunales. «Esto provocó que muchas de las disposiciones para el referéndum no se hicieron públicas y el proceso no fuera transparente», alertan, y señalan que el Estado actuaba contra todas las decisiones que tomaban.

Recuerdan, además, que los miembros de las mesas no pudieron ser informados con normalidad porque la Policía intervino las cartas de notificación, y que muchos catalanes no sabían dónde tenían que votar porque no se proporcionaron listas de las mesas de votación.