Diez días después del referéndum de autodeterminación que la fuerza bruta del Estado condicionó pero no impidió, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, subirá hoy a las 18.00 al estrado del Parlament para pronunciar el discurso más importante de su carrera política. Ayer comió con todos sus consellers, culminando así una semana en la que la calma pública no ha escondido el intenso trasiego entre bambalinas. De lo que anuncie dependerá el desarrollo de los acontecimientos a corto plazo.

La pregunta ya no es tanto si habrá Declaración o no, sino qué tono tendrá. El matiz puede estar en algo tan breve y crucial como una preposición: Declaración de independencia o sobre la independencia. Veremos. Aunque la relativa tranquilidad de la CUP y las entidades soberanistas –que llaman a concentrarse hoy a las puertas del Parlament– da a entender que la Declaración cuenta con su beneplácito, poco se puede hacer a esta hora más que especular.

La incógnita Puigdemont

Después del freno del Estado a la represión, la pelota ahora mismo está en tejado catalán, que debe decidir sobre el próximo paso. El Govern ha insistido en que el independentismo ganó el plebiscito y que, por tanto, debe aplicarse el artículo 4.4 de la Ley del Referéndum, que insta a declarar la independencia, detallar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.

Sin embargo, la actuación policial impidió el desarrollo ordinario del referéndum –la participación bajó siete puntos en los lugares donde intervinieron las FSE, según un estudio de los politólogos Marc Guinjoan y Toni Rodón–, por lo que las cifras de participación, por sí solas, no sirven para homologar internacionalmente los resultados. Esta carencia ha venido sustituyéndose por la creciente simpatía internacional y la cohesión interna generada por la violenta actuación del Estado. Es un capital político inmenso que el soberanismo catalán teme perder si se lanza a una DUI tajante.

Y aquí es donde entran en juego el diccionario, la gramática y la imaginación. Declaraciones de independencia las ha habido de todos los colores a lo largo de la historia. Ayer el eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa recordaba que Eslovenia reivindicó su independencia anunciando un periodo de seis meses de negociación antes de hacerla efectiva –también Lituania dejó en suspenso su declaración inicial ante las presiones de la URSS–. La clave, por tanto, no parece estar tanto en la declaración misma, sino en los efectos que el propio Puigdemont le reconozca, así como en el inicio del proceso constituyente.

Sobre los efectos, estos días se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de una fórmula «en diferido» que aplace la independencia efectiva para unos meses más adelante, dejando un prudente margen para la mediación internacional, a la que sin duda habrá referencias explícitas durante el discurso de hoy. Será la forma de no espantar la simpatía internacional.

Y es que la paradoja es evidente: sin mediación o reconocimiento internacional, la Declaración no supone mucho más que un brindis al sol; y sin ella, la mediación es una quimera.

La otra obsesión, retener el apoyo recabado 1-O entre no independentistas, se tratará de blindar, probablemente, a través de la puesta en marcha del proceso constituyente, que contempla una primera fase de proceso ciudadano participativo.

Con todo, dentro de una declaración de este tipo hay también una amplia gama de matices que pueden situar el discurso de Puigdemont más cerca o más lejos de la DUI tajante o de una ambigua y descafeinada declaración de intenciones que defraude tanto a las entidades soberanistas como a la CUP. La duda no se resolverá hasta esta tarde.

La incógnita Rajoy

La segunda gran pregunta recae sobre el Gobierno español: ¿Como reaccionará? El tono de la respuesta dependerá de cuál sea la Declaración que hoy se escuche en el Parlament, pero no hay señales de que el Estado vaya a recular por mucho que Puigdemont rebaje su discurso. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha dejado claro que no tiene nada que negociar con su homólogo catalán, pero por si acaso, el vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, se encargó de recordar el marco mental español al recordar el encarcelamiento del president Lluís Companys (años después fusilado) tras declarar la independencia en 1934.

Al margen de esta premeditada subida de tono del locuaz Casado –acompañada de nuevas fugas de empresas como Abertis, y de la toma de control del Palacio de Justicia por parte de la Policía española–, marcar la posición de Moncloa recayó, como de costumbre, sobre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que reiteró la amenaza de suspender la autonomía. «Esa Declaración de independencia no tendrá ningún efecto, el Gobierno tomará todas las medidas que sean necesarias», aseguró, pronunciando lentamente las seis últimas palabras.

«Aplicar el 155 puede suponer muchas cosas, porque es un artículo que dice muy poco», reconoció Sáenz de Santamaría, que añadió que buscarán «el máximo consenso» si se acaba aplicando. Sin embargo, garantizó que no se quedarán esperando al PSOE: «Si este señor (Puigdemont) declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas, y esa decisión será del Gobierno de España».

La incógnita reside, sin embargo, en saber qué entiende Moncloa por Declaración Unilateral de Independencia. Es decir, en qué punto sitúa el tope de su intolerancia hacia el movimiento que, de una manera u otra, también Puigdemont está obligado a dar. Si el discurso resulta contundente, sin duda Rajoy volverá poner en marcha una maquinaría que está perfectamente engrasada y que cuenta con la bendición y el empuje de Felipe de Borbón. El problema es que nadie garantiza que, aunque Puigdemont rebaje su Declaración, el Estado vaya a hacer lo mismo.

Una particular tercera vía

«Ni DUI ni 155» sigue siendo la demanda de quienes, alarmados ante el inminente choque, buscan repescar la naufragada tercera vía. Ayer lo reiteraron tanto Ada Colau (Comuns) como Miquel Iceta (PSC), aunque este último no tuvo reparos en alabar el papel de Josep Borrell en la manifestación unionista que compartieron junto a grupos fascistas y neonazis.

Visto el escaso margen de actuación en Moncloa y en Palau, sin embargo, es difícil augurar gran recorrido a esta vía que, por otra parte, iguala en exigencias a quien clama por la mediación y a quien la niega. La última incógnita, a modo de postdata, es saber a qué lado se decantará Colau si todo se precipita. Iceta eligió hace tiempo.

Casado, Gürtel y Companys

Poco después de conocerse las peticiones fiscales por el caso Gürtel, Pablo Casado (PP) lanzó el exabrupto del día al advertir a Puigdemont sobre el destino del president Lluís Companys. Se refería a 1934, cuando fue encarcelado, pero nadie olvida que, seis años más tarde, fue fusilado.

La Policía española ya controla el tsjc

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que según la Ley de Transitoriedad Jurídica, pasará a ser Tribunal Supremo en caso de independencia, retiró ayer a los Mossos la custodia y vigilancia del edificio, que ahora recaerá bajo la supervisión de la Policía española. El cambio se produjo ayer mismo.