El artículo 155 de la Constitución que ya está en marcha contra la autonomía catalana no tiene mínimos ni máximos; ello deja al Gobierno español las manos libres para decidir dónde y cómo la ataca, e incluso le posibilita una aplicación escalonada que le permita graduar la presión sobre el independentismo. Lo único seguro es que el Gobierno lo pondrá en marcha el jueves, pero hay otros detalles que se van atisbando.

Se da por seguro que la primera incursión estatal será en los Mossos d’Esquadra, donde el terreno ya queda allanado por el marcaje judicial al major Trapero. El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, lo admitió ayer implícitamente al señalar que en materia policial «lo que tengamos que hacer, se hará». Mientras, mantienen intacto el contingente de al menos 7.000 policías y guardias civiles destinados a Catalunya.

Este frente policial es estratégico para el Estado, sobre todo para intentar frenar la movilización independentista que mostró su fuerza el 1-O. Pero en él se medirá también la dificultad de la «invasión»: los Mossos se situaron mayoritariamente al lado del Govern tanto en el referéndum como en días inmediatamente anteriores y posteriores.

Con las cuentas autonómicas ya intervenidas hace cuatro semanas, en el punto de mira aparecen también claramente los medios públicos autonómicos, aunque no hay pistas por ahora de cómo tomaría sus riendas Madrid. Y al Gobierno Rajoy le obsesiona igualmente el sistema educativo, si bien aquí la perspectiva es a más largo plazo.

Competencias del president

Una de las preguntas sin resolver es si el 155 será utilizado para forzar adelanto electoral en Catalunya, para cuándo se haría y si iría acompañado de ilegalizaciones judiciales que allanen camino al asalto estatal (ahí está el precedente vasco de Patxi López en 2009). Ciudadanos y también PSOE tienen más claro su deseo de forzar elecciones que el PP. Para ello el Estado tendría que asumir las funciones del president de la Generalitat, que según el Estatut es el único que puede convocarlas. «Hay que descontaminar la Generalitat», esgrimió ayer el locuaz líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

La tesis en boga hasta ahora, cuando ya hasta lo más irreal parece posible, es que las competencias de Puigdemont las asumiría el delegado español en Catalunya. Enric Millo pasaría así a la Historia como un virrey al más puro estilo del siglo XVI. Para evitar esa imagen y la carga personal que conlleva, se estaría sopesando encomendar la labor a una comisión más plural y con un pretendido enfoque técnico, a todas luces increíble.

Respaldos: PSOE y Unión Europea

La ofensiva sin precedentes aboca al PP a tejer alianzas fuertes que contrarresten la tremenda oposición que generará en Catalunya. El PSOE aseguró ayer, a través de su portavoz Oscar Puente, que la aplicación exacta del 155 será consensuada por los dos partidos. Con ello, el partido de Pedro Sánchez no solo será cooperador necesario de la iniciativa, sino de sus medidas concretas.

En cuanto a la UE, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, considera que «creemos que sí lo entenderán, porque es la aplicación del ordenamiento jurídico». Para Bruselas ciertamente parece más asumible esta intervención autonómica (que Madrid intentará equiparar en su provisionalidad con las periódicas suspensiones británicas de la autonomía norirlandesa) que la utilización de la violencia física el 1 de octubre.